Publicación de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, para contribuir y difundir el conocimiento histórico. Publicación de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, para contribuir y difundir el conocimiento histórico.

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ISSN 1669-9041
Es una publicación anual de la Escuela de Historia para contribuir a la divulgación del conocimiento histórico.
Universidad Nacional de Salta
 


ESCUELA DE HISTORIA:   REVISTA 15


Año 2016, Nº 15, Vol. 2 Dossier
 

COLABORACION NACIONAL


Las políticas provinciales de promoción industrial y los empresarios rosarinos (1942-1955)

(Provincial policies for industrial promotion and Rosario's entrepreneurs, 1942-1955)

Silvia Simonassi           

         ISHIR-CESOR - Universidad Nacional de Rosario - Entre Rios 758 - Rosario

         Email: silviags@express.com.ar

          



 

Resumen:

En este trabajo se analizan las políticas de promoción industrial implementadas por los gobiernos provinciales en Santa Fe, así como las posturas y actitudes asumidas por la principal organización de empresarios industriales del sur provincial, la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario, entre los años 1942 y 1955. Para comprender los principales rasgos de las relaciones tejidas entre el Estado provincial y los empresarios durante el peronismo, se amplía el análisis hacia el proceso de organización empresaria nacional y las relaciones con el gobierno nacional.

Abstract:

In this paper we analize the industrial promotion policies implemented by the provincial governments in Santa Fe, as well as the stances and attitudes asumed by the main industrial employers' organization of the province's south area, the Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario, between 1942 and 1955. In order to comprehend the main features of the relations weaved between the provincial state and the entrepreneurs during peronism, the analysis is broadened towards the national businessmen organization process and their relations with the national government.

Palabras clave: Promoción industrial; Organizaciones empresarias; Estado provincial; Rosario

Keywords: Industrial promotion; Businessmen's organizations; Provincial state; Rosario





Las políticas de promoción industrial han representado históricamente instrumentos utilizados por los Estados nacionales para propiciar el desarrollo industrial. El estudio de la trama de relaciones que devinieron en la formulación de estrategias, los criterios adoptados, sus rasgos distintivos, así como los avatares de su implementación, constituyen núcleos de preocupaciones para la explicación de los procesos de industrialización. En Argentina algunos estudios han explorado estos temas, centrando el análisis en las políticas sectoriales, las instituciones y los instrumentos diseñados a escala nacional. Otros estudios han focalizado su atención en las particularidades regionales o provinciales del trazado e implementación de dichas políticas.

Para el caso particular de la provincia de Santa Fe durante el período de expansión y consolidación de las actividades industriales abordado en este trabajo, las investigaciones producidas desde el campo de la historia política, indagaron en el diseño institucional provincial durante el iriondismo y el peronismo, en los rasgos de las elites estatales o las relaciones trazadas entre Estado, movimiento y Partido Peronista. No obstante estos avances, no se ha profundizado el análisis en las políticas industriales provinciales ni se ha ahondado en la participación de los empresarios en el trazado de dichas políticas.

En este trabajo se analizan los principales rasgos que revistieron las políticas de promoción industrial implementadas por los gobiernos provinciales en Santa Fe, así como las posturas y actitudes asumidas por la principal organización de empresarios industriales del sur provincial, la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario, entre los años 1942 y 1955. La primera fecha representa el momento de cristalización de un conjunto de ideas que circulaban a nivel nacional y provincial, en una ley provincial de fomento a las actividades industriales. El segundo corte representa la coyuntura en que diversos postulados de política industrial -expresados en nuevas leyes, en proyectos y propuestas- se vieron interrumpidos por el golpe militar. Este lapso de tiempo otorga un escenario privilegiado para el análisis de las complejas tramas de vínculos trazadas entre los empresarios del sector y el Estado tanto provincial como nacional.

En una primera parte del trabajo, se analizan las políticas provinciales de fomento industrial estimuladas desde la Legislatura y la confluencia de las demandas empresarias en similar sentido, durante el año 1942. En una segunda parte, se exploran las políticas de promoción industrial de los dos primeros gobiernos peronistas provinciales. En un tercer apartado, se profundiza el análisis en el modo en que la recepción de dichas políticas entre los industriales, se entrelazó con el complejo proceso de organización empresaria nacional y provincial. En cuarto lugar, se estudian las particularidades que adoptaron las políticas provinciales en el contexto del Segundo Plan Quinquenal. En un quinto apartado, se analiza el impacto que las transformaciones producidas en la organización empresaria nacional y provincial provocaron en las relaciones entre los empresarios y el Estado en el orden provincial. Finalmente, se expone un conjunto de conclusiones.

El fomento industrial provincial durante la Segunda Guerra Mundial y los industriales rosarinos

Durante la contienda mundial, diversas provincias argentinas aprobaron diferentes regímenes de promoción industrial, encaminados a estimular una mayor diversificación de la estructura productiva, utilizar materias primas regionales o combatir el desempleo. Estas iniciativas se dieron en el marco de intensos debates protagonizados por economistas, ingenieros, funcionarios y empresarios en torno al papel del Estado en el proceso de industrialización, las ramas a promocionar, los mercados a abastecer, los instrumentos a aplicar, entre otros tópicos.

Durante los primeros años de la guerra, el gobierno nacional adoptó un conjunto de importantes medidas, entre las que se destacan la creación de la Corporación para la Promoción del Intercambio, de un Comité de Exportación y Estímulo Industrial y Comercial, la flota mercante del Estado y la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). No obstante, el momento de acentuar las políticas nacionales de fomento industrial llegó tras el golpe militar de junio de 1943, cuando se crearon la Secretaría de Industria y Comercio (con categoría de Ministerio), el Banco de Crédito Industrial Argentino (BCIA) y se sancionaron los decretos de aprendizaje y trabajo de menores (14538/44) luego convertido en ley y el de promoción industrial (14630/44). Se creó también el Consejo Nacional de Posguerra, con el propósito de efectuar un diagnóstico de la situación económica y social para proponer soluciones, con participación de los trabajadores, los empresarios y el Estado.

La adopción de este conjunto de medidas tenía en parte el propósito de evitar la desaparición de numerosas industrias que se habían beneficiado de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y conjurar de ese modo las secuelas de desocupación y caos social que consideraban traería aparejado el final de la contienda. La labor desempeñada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por parte de Juan Perón vino a completar y coronar estos esfuerzos, al diseñar nuevas formas de regulación de las relaciones entre capital y trabajo.

La provincia de Santa Fe no resultó ajena a este cuadro general. Los debates en torno a la sanción de la Ley Provincial 3068/42 de fomento industrial resultan elocuentes. En efecto, en mayo de 1942, un conjunto de diputados opositores a la gestión antipersonalista provincial, presentó a la Legislatura de la provincia un proyecto de ley de exoneración por diez años de impuestos provinciales, municipales y comunales a industrias nuevas, con el propósito de estimular “de manera amplia y sin restricciones” las actividades industriales. En los fundamentos, los diputados radicales explicitaban la importancia de producir todo aquello que no fuera posible importar por la guerra y ponderaban la relevancia del Estado en la delimitación de políticas en este sentido, tales como el otorgamiento de créditos y subsidios y la liberación de cargas impositivas. El proyecto estaba centrado en este último aspecto, y aspiraba a la movilización de capitales y la ocupación de millares de obreros. Fue girado a comisión y volvió con escasos cambios. No obstante, las controversias que despertó obligaron a una nueva vuelta a comisión para su reformulación.

Si bien existía un acuerdo unánime en torno a la promoción de las actividades industriales, la importancia de los temas debatidos evidenciaba que no resultaban nada uniformes las opiniones en torno al tipo de industrias a favorecer, la “función social” a cumplir por las nuevas industrias, o la naturaleza de las exenciones impositivas. De todos estos temas, el más controversial resultó la discriminación entre industrias “naturales” y “artificiales”. De modo que, contra el criterio de “abrir de par en par las puertas de la provincia”, se alzaron otras posturas. La más fundamentada, consistía en una negativa frontal al aliento a las industrias artificiales - aquellas que no explotaran materias primas disponibles en la provincia-, el cual se adjudicaba al “snobismo inquietante de gobernantes improvisados” y que solo podía provocar miseria para el pueblo: “Fomentar industrias sin orientación ni plan orgánico creará dos víctimas reales: el consumidor que pagará precios exagerados y el obrero que percibirá salarios de hambre”. Paralelamente, correspondía al Estado a través de sus agencias, determinar qué industrias naturales proteger, fiscalizar las ganancias excesivas y garantizar el pago de salarios.

Otra opinión tendía a diferenciar las industrias según un criterio de “evidente utilidad pública para la economía de la provincia”, es decir, aquellas que aunque no utilizaran materias primas disponibles en la provincia o a nivel nacional, satisficieran necesidades del mercado. En cualquier caso, las opiniones se orientaban a dotar al ejecutivo provincial de un papel más activo en la delimitación de las necesidades de inversión.

Los diputados debatieron también acerca de la incorporación de un requisito de ocupación de un determinado caudal de obreros nativos, logrando el acuerdo de un porcentaje del 60%. Sin similar éxito, se plantearon posturas orientadas a exigir el cumplimiento del pago de salarios mínimos.

No obstante, este proyecto no logró reunir acuerdos y volvió a comisión, sitio del que no retornó nunca más. En su lugar, el ejecutivo provincial presentó un nuevo proyecto que evidentemente recogía buena parte de los debates de junio, aunque se adjudicaba la iniciativa política.

En el discurso que antecedía al proyecto, el Gobernador Joaquín Argonz señalaba la importancia de una legislación que impulsara el rumbo industrial que la provincia de Santa Fe venía adquiriendo, potenciando las posibilidades que la Segunda Guerra Mundial había abierto para la satisfacción del consumo interno. No obstante, advertía que la acción estatal debía orientarse a favorecer aquellas industrias que utilizaran materias primas nacionales “para evitar que se creen industrias artificiales antieconómicas, que no podrían sobrevivir en una época normal”. El proyecto reconocía la necesidad de alentar las industrias que se orientaran a manufacturar todos aquellos productos hasta entonces no elaborados en la provincia o el país y limitaba el apoyo en los casos de competencia con otras industrias ya instaladas, aunque sostenía la necesidad de avanzar más allá de la exención de beneficios impositivos, particularmente a través del crédito industrial y del otorgamiento de premios estímulo para determinadas industrias regionales.

En el debate posterior, volvieron a repetirse algunos argumentos, aunque la idea contraria a la autarquía, que conducía al “aislamiento y la asfixia”, se generalizó entre los diputados oficialistas.

La ley fue votada por unanimidad con excepción del artículo 5, que exoneraba de impuestos en un 50% a las industrias que viniesen a competir con las ya instaladas y que reencendió la polémica, debido a que para algunos representaba una competencia desigual hacia las viejas industrias, mientras para otros, limitaba la posibilidad de radicación de aquellas que pudiesen orientar su actividad hacia la exportación. No obstante la relevancia otorgada a los instrumentos de fomento industrial provinciales, los diputados santafesinos reconocieron la necesidad de que tras la guerra, se sancionase a nivel nacional una ley anti-dumping.

Finalmente la ley provincial fue sancionada. Determinaba en su artículo 1°: “Toda industria nueva que, dentro de los cuatro años de promulgada la presente ley, se instale en el territorio provincial para extraer, elaborar o fabricar productos provenientes de riquezas naturales que hasta el presente no hayan sido industrializados en la Provincia” quedaban eximidas del pago de impuestos provinciales tales como contribución directa, patentes y sellos y de contribuciones municipales, exceptuando las tasas por retribución de servicios. El artículo 2° establecía que estos beneficios se extendían a diez años en casos de industrias nuevas para la provincia y a quince para industrias nuevas en el país.

El resto del texto contenía otros requisitos y disposiciones, tales como la ocupación de al menos veinte personas mayores de edad y la contratación del 80% de la planta de técnicos especializados y obreros de nacionalidad argentina. Estaban obligados a utilizar materias primas nacionales y adquirir en la provincia materiales para la construcción, maquinarias y muebles, en ambos casos en igualdad de condiciones y calidad. Otra disposición relevante, era la obligatoriedad de aceptación del arbitraje del Estado provincial en los casos de conflictos entre capital y trabajo. Los propietarios debían estar domiciliados o contar con sus administraciones en el país. Por artículo 5, gozaban de los mismos beneficios en un 50% aquellas industrias que se instalasen para manufacturar todo aquello que no se produjese de manera suficiente para abastecer las necesidades del mercado interno.

También estaba prevista la concesión de “recompensas de estímulo” a las industrias nuevas que se instalasen para elaborar excedentes de producción en cada zona, que podían ser acordadas independientemente de las exenciones. Fijaba por única vez su aplicación a una hilandería de seda natural, una planta de papel para diarios y las cinco primeras fábricas de envasado al natural de frutas, legumbres y hortalizas.

El estatal Banco Provincial de Santa Fe quedaba facultado para organizar el crédito al conjunto de la industria provincial, en préstamos amortizables hasta en un 5% trimestral devengando un interés que no excediera el 5% anual. Esta iniciativa se asociaba al nuevo papel que se adjudicó - aunque por muy poco tiempo-, a la antigua institución: el de estímulo a las actividades industriales. Es que como poco después se fundó el Banco de Crédito Industrial y su sucursal Rosario, el Banco Provincial entregó efectivamente a los industriales, un porcentaje escasamente significativo del total de los préstamos acordados. Si bien el porcentaje había ido creciendo durante la guerra desde el 7% durante los años 1940 y 1941, un 8.5% durante 1942, alrededor del 11% en 1943 y 1944 y casi un 12% en 1945, este último año comerciantes y productores agrícolas y ganaderos absorbieron el 64% del monto total otorgado.

Los industriales rosarinos, reunidos en la Federación Gremial del Comercio y la Industria, manifestaron su aprobación a la sanción de la ley. Desde tiempo atrás venían sosteniendo la necesidad de una política de fomento: consideraban que la provincia se hallaba “rezagada”. Seguían con interés las posturas de los diputados nacionales antipersonalistas, en particular de un empresario rosarino, Francisco Scarabino. La publicación de la Federación Gremial reproducía los proyectos presentados por este legislador, como el de creación de una sección de crédito industrial en el Banco de la Nación Argentina, o los de fomento industrial, rebajas de fletes ferroviarios para traslado de productos de minería, reformas de las leyes de trabajo para permitir la implantación del aprendizaje de menores de 18 años, modificación de los derechos aduaneros, prioridad en las licitaciones de las reparticiones públicas y empresas concesionarias de los servicios públicos a las manufacturas de producción nacional.

Los industriales rosarinos agrupados en Federación Gremial apoyaron en general todas aquellas políticas que tendieran a sostener el sector industrial edificado en la ciudad durante los años de la guerra y evitar la conflictividad social. Junto a profesionales, académicos e intelectuales locales, consideraron que era necesario diseñar un plan de industrialización que estimulara la descentralización, explotara la energía hidroeléctrica, promoviera la rebaja de las tarifas ferroviarias y estimulara los puertos del interior. Ejercieron presiones y realizaron presentaciones, aunque no tuvieron participación en el diseño de las principales políticas. Es frecuente encontrar en las fuentes consultadas numerosas quejas sobre la escasa participación de los empresarios del interior en el diseño de las políticas industriales nacionales y un énfasis creciente en el federalismo y la descentralización como ingredientes de cualquier política industrial. Tampoco en el orden provincial, tejieron vínculos que los acercaran a los sitios donde se discutían los principales instrumentos de promoción de las actividades manufactureras.

Las políticas industriales provinciales y los empresarios del sector (1946-1952)

Una vez producido el triunfo electoral peronista en el orden nacional, el desafío era continuar y profundizar el proceso en curso y encarar las transformaciones que demandaba el fin de la guerra. La consolidación y expansión de una industria liviana destinada a la ampliación del mercado interno a través del incremento del consumo personal se convirtieron en preocupaciones centrales del gobierno peronista.

En Santa Fe, los datos censales mostraban la profundización del proceso de desarrollo industrial y su notable concentración en la región sur, alrededor de la ciudad de Rosario. A las grandes fábricas existentes, se le sumaba la proliferación de talleres y plantas industriales de menores dimensiones y la incorporación de mano de obra, constituyendo valores que casi doblaban las cifras de diez años antes, mientras no había crecido en la misma proporción la fuerza motriz instalada, dando cuenta de los límites de la mecanización de la industria local (ver Anexo – Cuadro 1).

El primer gobernador peronista, Waldino Suárez, expresó sus propósitos de gobierno en el Plan Trienal, donde se realizaba un balance de la situación económica de la provincia y se señalaba que Santa Fe venía contribuyendo “seriamente” al proceso de desarrollo industrial con un 12% del total de establecimientos industriales, el 8% de obreros y empleados ocupados y el 7% de sueldos y salarios pagados.

El Plan no abundaba en propuestas de política industrial, aunque proyectaba otorgar prioridad a la educación técnica, para lo cual efectuaba un diagnóstico que remarcaba los déficits acumulados en ese nivel: había en la provincia 37 establecimientos provinciales de esa modalidad, una sola escuela formaba en oficios tales como mecánica del automóvil, carpintería naval, industrias regionales, mecánica agrícola, carpintería de ribera y dos en electrotecnia y mecánica, mientras una sola de éstas funcionaba en Rosario. A las escasas escuelas de oficios para varones asistían en el año 1946, 380 alumnos y a las dos de Electrotécnica y Mecánica lo hacían 459.

La importancia adjudicada a la educación técnica en el Plan, recogía preocupaciones de grupos empresarios, funcionarios e intelectuales provinciales que se habían acrecentado sobre fines de la década del treinta y que reflejaban la creciente demanda de mano de obra existente para los distintos oficios de la industria y el rezago en la formación y capacitación de obreros especializados y técnicos.

En este sentido, se anunciaba la creación con jerarquía ministerial, de la Secretaría de Industrias, Orientación Profesional y Aprendizaje. En coincidencia con los propósitos del gobierno nacional de hacer cumplir la legislación nacional sobre aprendizaje industrial - creando escuelas de medio turno, promocionando la creación de escuelas fábricas y obligando a los patrones a emplear aprendices menores-, se procuraba organizar el aprendizaje en el ámbito provincial, para “dotar a la Provincia de los técnicos, auxiliares de técnicos y obreros especializados que la industria argentina reclama, y necesita la industria en general”.

Para el logro de estos objetivos, destinaba un incremento del presupuesto a la enseñanza técnica y especial (que incluía las escuelas profesionales para mujeres, más numerosas), que hasta entonces insumía solo el 10% de los recursos que la provincia orientaba a educación y que se financiaría con la mitad de un empréstito interno para acción social integral. Proponía además organizar fábricas, talleres y granjas que integrarían los Centros de Acción Social dependientes de la Secretaría de Bienestar y Seguridad Social.

El citado empréstito consistía en 75 millones de pesos que serían financiados con un impuesto progresivo al latifundio para instalar centros maternales, de salud y de servicios sociales y de recreación, expropiación de fábricas por razones de utilidad pública, además de la instalación de talleres o granjas oficiales, mixtas o cooperativas. Se creaba también la Dirección General de Investigaciones, Estadística y Censos en el marco de la Secretaría Técnica de la Gobernación, como organismo clave destinado a crear herramientas para concebir, ejecutar y verificar planes de gobierno.

Nada mencionaba el Plan acerca de la ley de fomento industrial, cuyos alcances habían caducado, de modo que los industriales y la prensa comenzaron a presionar para actualizar la ley de 1942. Así, el ministro de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia, Tomás Vottero, confeccionó un proyecto de ley que se enviaría a las cámaras, ampliando sus alcances, con el fin de “contrarrestar el fenómeno de centralización industrial en Buenos Aires”.

Por otra parte, dos diputados peronistas, presentaron un proyecto que constaba de solo dos artículos y se proponía ampliar los alcances de la citada ley hacia toda industria que se instalase en la provincia por el término de cinco años, “siempre que sin entrar en la calificación de “industria nueva”, ocupen como mínimo, cincuenta obreros”. El articulo 2 determinaba que las exenciones impositivas se acordaban por un lapso de diez años.

No obstante, es probable que la crisis en la que se hallaba envuelto el peronismo provincial durante estos años y que llevó a la virtual paralización de la actividad legislativa, haya sido responsable de la postergación de la sanción de la nueva legislación.

De modo que la presión de los industriales provinciales condujo a que en acuerdo de ministros y mediante decreto “ad referéndum” de la legislatura, se resolviera extender la aplicación de la ley 3068. Los empresarios de Federación Gremial expresaron “viva complacencia” y comprometieron su difusión entre la masa societaria. El diario rosarino La Tribuna, por su parte, reprodujo esta versión y esgrimió un argumento que transparentaba la importancia de las políticas provinciales de fomento industrial, concebidas como un modo efectivo de atenuar la histórica centralización de las actividades industriales en Buenos Aires: otorgando mejores condiciones, los nuevos inversores preferirían invertir “más acá” del arroyo del Medio. Es decir, la ley se percibía como una manera más de competir con Buenos Aires, en pleno proceso de profundización del proceso de centralización económica.

Finalmente, previo paso por las comisiones de Presupuesto y Cuentas y Hacienda y sin gran debate, el nuevo instrumento de política industrial provincial fue aprobado en sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados el penúltimo día de 1948, dando lugar a la sanción de la Ley 3458, que continuaba la anterior de 1942 y la adaptaba a las principales políticas emanadas desde el gobierno nacional. Incluía exenciones impositivas, crédito y aportes de capital para “los establecimientos industriales que se instalen o funcionen en el territorio de la provincia”. Contemplaba la exención del impuesto inmobiliario, actividades lucrativas, sellos y gravámenes y derechos municipales, por diez años para los establecimientos nuevos dedicados a la extracción, elaboración o fabricación de artículos o productos hasta el momento no industrializados en la provincia, ampliándose a quince en casos de industrias nuevas en el país.

En casos de productos ya industrializados pero en una cantidad insuficiente para las necesidades del mercado, se contemplaba también la exención completa, una novedad en relación a la ley anterior. Entre otros requisitos, deberían utilizar en igualdad de condiciones y calidad, materias primas del país, adquirir en establecimientos de la provincia los materiales de construcción, máquinas y muebles y respetar la legislación de trabajo. También contemplaba beneficios en los casos que se construyeran viviendas destinadas a obreros, escuelas y servicios sociales integrales. Por noventa días podrían acogerse las industrias que cumplieran los requisitos y se hubiesen instalado desde setiembre de 1946, momento en el cual caducó la anterior ley 3068.

Las presentaciones, recomendaciones y control de cumplimiento, una vez otorgados los beneficios, quedaban a cargo de la Secretaría de Industrias, Orientación Profesional y Aprendizaje. Esta Secretaría podía otorgar créditos a establecimientos industriales y a cooperativas (el Banco Provincial de Santa Fe actuaba como agente financiero). Sería también la encargada de realizar los aportes de capital, la tercera vía de fomento industrial que contemplaba la ley, además de las exenciones impositivas y el crédito.

Quedaba a cargo del Poder Ejecutivo provincial la gestión de exenciones de derechos de aduanas para maquinarias y materiales importados para la instalación de industrias nuevas. Fueron excluidas expresamente las empresas extranjeras.

Ahora bien, el nuevo gobierno, también peronista, del Ing. José Caesar impulsó otros instrumentos legales fundados en “los principios modernos de planificación integral” considerando a la provincia dentro de la “armonía económica nacional”. Fomentar la inmigración, potenciar los puertos provinciales, lograr la homogeneización en el “desarrollo económico social de la provincia” y promover la armonía en su desarrollo agrícola, ganadero e industrial para “asegurar la estabilidad e independencia económica del país” se contaban entre sus principales propósitos.

Así, se promocionaron determinadas regiones en el interior del territorio provincial: en julio de 1949 y por ley 3529 se estableció la “Primera Zona de Planificación Industrial” en el espacio disponible de dos kilómetros a cada lado de la ruta pavimentada entre las ciudades de Santa Fe y Esperanza, lo cual suponía que el Ejecutivo Provincial expropiaría los terrenos necesarios disponibles en esa franja, que excediendo las doscientas hectáreas, pertenecieran a un solo propietario. Los establecimientos que allí se instalasen gozarían de manera preferencial de los beneficios de la ley 3458. El Ejecutivo podría vender, cobrando de inmediato o en plazos ajustados a las necesidades de la industria, terrenos propios o expropiados para el único fin de la planificación industrial. El objetivo expuesto por el gobernador de la provincia era la “homogeneización” del desarrollo económico provincial promoviendo un núcleo industrial alrededor del puerto de la ciudad de Santa Fe, “la más natural salida fluvial de los productos del nor-oeste del país, así como de Bolivia y Chile”.

Por ley 3540 pocos días después, se sancionaba la creación de la “Segunda Zona de Planificación Industrial” en un área comprendida entre el Arroyo San Lorenzo, el Arroyo del Medio, el Río Paraná y una línea paralela a dos kilómetros al oeste y suroeste del camino pavimentado, es decir, hacia el sur provincial. Los terrenos sometidos a expropiación eran los de un mismo propietario que excedieran las quince hectáreas (para las tierras entre el Arroyo San Lorenzo y la ciudad de Rosario) y los mayores de 30 hectáreas también pertenecientes a un mismo dueño (entre Rosario y Arroyo del Medio). El ejecutivo quedaba en este caso facultado a vender, cobrando de inmediato o en plazos terrenos propios o expropiados, obligándose las empresas a no transferir las tierras para otros fines que los de planificación industrial. Se consideraba la importancia del puerto de Rosario “y otros puertos menores” entre el límite con la provincia de Buenos Aires y el arroyo San Lorenzo al norte, una zona que, provista de energía eléctrica y de gas, efectuadas las expropiaciones pertinentes de las tierras que en su mayoría estaban concentradas en pocas manos, aparecía como promisoria para la planificación industrial.

Estas novedades fueron bien recibidas por los industriales agrupados en Federación Gremial, pues consideraban que presagiaba la inauguración de una nueva política económica provincial. Pero también protestaban pues “ella nace a la vida con el viejo vicio de postergar a Rosario y su zona de influencia” en referencia a la preferencia otorgada a la “Primera Zona” para la aplicación de los beneficios de la Ley de Fomento, una protesta infundada si se observan los índices de distribución de la actividad industrial provincial, que mostraban de manera contundente la concentración en la zona sur (ver Anexo – Cuadro 2). Una demanda específica se orientaba a resaltar la necesidad de otorgar participación a los industriales en la aplicación de la legislación. La política de créditos no configuró un reclamo central hacia el gobierno provincial, pues durante este período los pedidos se canalizaron hacia el Banco de Crédito Industrial. Así, el Banco Provincial cumplió un papel complementario, otorgando entre 1946 y 1950 créditos a la industria en un porcentaje del 12% en 1946, 15,3% en 1947, 18.8% en 1948 y 20,2% en 1949 del total otorgado, para caer levemente al 18.1% en el año 1950.

El año de 1949 marca en el orden nacional el ingreso a una nueva etapa, pues la crisis de divisas obligó a introducir cambios en la política industrial, a promover un “retorno al campo” y posteriormente a profundizar esos cambios en el diseño del Segundo Plan Quinquenal y la habilitación del ingreso de capitales extranjeros al sector. Desde el Estado provincial se incrementó la presión fiscal y se abrió un período de enfrentamientos entre los empresarios del sur, organizados en Federación Gremial, y el gobierno provincial personificado en la figura de su Ministro de Hacienda y Economía, Enrique Vilamajó, un viejo dirigente empresario rosarino y ex líder de Federación Gremial. De modo que entre 1950 y 1951, las relaciones entre el Estado provincial y los industriales locales transitaron por un periodo de encendidas controversias y las directivas emanadas de este Ministerio, en particular la política impositiva, estuvieron en el centro del escenario político y económico provincial.

No obstante, el trasfondo de la disputa por los aumentos de impuestos se anudó en Rosario con las diferencias surgidas en el interior del mundo empresarial con el gobierno peronista provincial en torno al proceso de gestación de una gran central empresaria nacional. En otros términos, la polémica provincial por los impuestos se articuló con la compleja y cambiante trama de relaciones que se fue construyendo entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los empresarios regionales, en el escenario del proceso de conformación de una única central empresaria nacional y sus respectivas federaciones provinciales, lo cual desató conflictos que resultaron difíciles de procesar en el ámbito estrecho de la provincia de Santa Fe.

Más allá de las políticas industriales: el conflicto político en Santa Fe

Cuando se conocieron las reformas tributarias provinciales para 1950, los empresarios de Federación Gremial elevaron un extenso memorial protestando contra la revaluación del impuesto inmobiliario, el efecto retroactivo de las leyes fiscales y el incremento del impuesto a las actividades lucrativas. En el documento cuestionaban el criterio “fiscalista” del gobierno provincial, enumeraban los impuestos que pagaban comerciantes e industriales de la provincia de Santa Fe, planteaban que más del 40% del acrecentado presupuesto general de gastos de la provincia era “sustentado por las actividades económicas del territorio santafesino” y señalaban que ese presupuesto representaba un incremento de un 240% en relación con el año 1945. Los aumentos, sumados a las cargas municipales y nacionales, producían de acuerdo a su perspectiva, descapitalización de sus empresas. Pedían en definitiva rebaja de impuestos y supresión de superposiciones mediante la “revisión total del sistema rentístico de nuestra provincia y la contención de los gastos públicos”.

El conflicto se materializó en un intercambio de comunicados dirigidos al Ministro de Hacienda de la provincia, a quien increpaban en su carácter de ex dirigente empresario. El cuestionamiento a la política impositiva del gobierno provincial retomaba y parafraseaba –en clara intención de confrontación- palabras pronunciadas por el propio Vilamajó más de dos décadas antes, en su carácter de dirigente de Federación Gremial: “Todo esto no debe ignorarlo el señor Ministro que ha estado vinculado a las fuerzas productoras de nuestra provincia” quien en 1933, se pronunciaba contra las superposiciones de impuestos, considerándolas “barreras interprovinciales que entorpecen el comercio, crean restricciones a la industria y gravitan onerosamente sobre los contribuyentes”. Rememoraban otras palabras del por entonces dirigente empresario: “Si los gobiernos no pueden economizar en los gastos, si es necesario, si es imprescindible mantener la recaudación actual, lo que corresponde es rebajar el monto de los impuestos y extenderlos a todo lo que no sufre imposición alguna…los poderes públicos tienen que remediar este estado de cosas, tienen que escuchar las quejas de la producción y del comercio y tienen que comprender que el momento actual exige nuevas orientaciones”.

La respuesta oficial fue contundente y se centró en lo “desusado de los términos empleados”. Acusaban a los dirigentes de Federación Gremial de “falta de estilo y desconsideración por las altas autoridades de la provincia”. El Ministro subrayaba que las coyunturas que se pretendía comparar se distanciaban, caracterizando aquella en la que le tocaba gestionar la economía provincial como “una de las más prósperas para la economía en general”.

Los directivos de Federación Gremial se oponían abiertamente al optimismo del funcionario, aclarando además que mientras en los años treinta se atacaba un aumento del 5%, los de 1950 alcanzaban en algunos casos el 432%: “En toda la nota del Señor Ministro se repite un viejo concepto burocrático característico de muchos funcionarios públicos: el de considerar al contribuyente como un permanente violador de leyes y decretos” o “defraudadores y malos contribuyentes con inveterados hábitos”, según términos del propio Ministro de Hacienda. En el entredicho, el funcionario provincial acusaba a Federación Gremial por no colaborar con el gobierno, afirmación desestimada por los empresarios.

Otras organizaciones empresarias elevaron también reclamos contra los incrementos impositivos -como fue el caso de la Bolsa de Comercio de Rosario-, haciendo eje centralmente en el exceso de empleados públicos y sus remuneraciones. Finalmente, las quejas no fueron escuchadas y los aumentos y revaluaciones fueron aprobados sin modificaciones.

Unos años después la por entonces gerente de Federación Gremial, Adelaida Logrippo, afirmaba: “Este planteamiento fue mal interpretado por las autoridades, quienes luego de hacer público su descontento con expresiones que no condicen con la investidura de un funcionario, provocaron la intervención de la Comisión Bicameral, haciendo aparecer a la Federación Gremial como un organismo perturbador de la labor gubernativa, lo que, lógicamente, desvirtúa con el más somero análisis (sic)”. En efecto, Federación Gremial estuvo intervenida entre marzo y julio de 1950, sin que se emitiera dictamen alguno.

¿Cómo entender la aspereza de los términos de la querella por la cuestión impositiva de 1950, un problema que afectaba por igual al conjunto de las actividades económicas de la provincia pero que adquirió contornos conflictivos desde la rosarina Federación Gremial? Consideramos que debe entenderse en un marco más amplio, el de las disputas nacionales por la representación empresaria, en un registro que articula a las corporaciones empresarias con el poder político nacional y las jurisdicciones provinciales.

En efecto, por estos meses estaba en marcha en el orden nacional, un proceso de organización empresaria que desembocaría en 1953 en la conformación de la Confederación General Económica (CGE). Los industriales rosarinos habían participado en el Segundo Congreso de Economía del Norte Argentino realizado en el mes de mayo de 1950 en Catamarca. Allí los asistentes se habían comprometido a trabajar para la conformación de una organización empresaria que “tiene su fundamento en la inexistencia de un organismo de carácter nacional auténtico, la necesidad de formarlo para defender los intereses de la producción, la industria y el comercio y colaborar con mayor eficacia en las soluciones de carácter nacional en beneficio del país”. En este momento se produjo la integración de Federación Gremial en el movimiento de organización empresaria iniciado desde el interior, que condujo a la conformación de CAPIC (Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio).

La iniciativa reflejaba la movilización autónoma del empresariado del interior detrás de sus demandas específicas y las dificultades que ostentaba la política de Perón de fundar una organización afín, a través de AAPIC (Asociación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio) primero y CEA (Confederación Económica Argentina) después. Estas organizaciones estuvieron integradas centralmente por empresarios de Buenos Aires y no llegaron a representar los intereses del interior. No obstante, de este impulso iniciado desde el gobierno nacional participaron los integrantes del gobierno de Santa Fe, quienes propiciaron la conformación de una Federación Económica afín al gobierno, con el apoyo del empresariado del norte y centro provincial.

Por el contrario, los dirigentes de Federación Gremial supeditaban la creación de una Federación provincial de estas características, a la realización de la asamblea constitutiva de CAPIC que se realizaría en Mendoza en el mes de octubre de 1950 y cosecharon un compromiso similar de los dirigentes de otras organizaciones similares de la provincia, como el Centro Comercial, la Unión Industrial de Santa Fe y el Centro Comercial e Industrial del departamento Castellanos.

Desconociendo ese compromiso, a fines de agosto de ese año, en la capital provincial, esos centros confluyeron con otras organizaciones similares en la fundación de la Federación Económica de la Provincia de Santa Fe en representación de “veinticinco entidades y más de cien razones sociales”. Esa reunión fue cerrada por un representante de la CEA, tras lo cual fueron recibidos y elogiados por el Ministro Vilamajó y el gobernador Caesar.

La “actitud de división” manifestada en la realización de esa asamblea - a la cual no había sido invitada-, fue repudiada por Federación Gremial y denunciada por su falta de validez. Adelaida Logrippo interpretó esta división como producto de la actitud de sectores que promovían “discriminaciones en forma de una zona norte y otra zona al sur”. No obstante, la identificación de la nueva organización provincial con la CEA, representante predominantemente de firmas de Buenos Aires y fuertemente asociada al gobierno peronista, nacional y provincial, en un momento de enfrentamiento manifiesto de la Federación rosarina con el gabinete económico provincial, permiten discutir la postura oficial de la organización expresada por su gerente sobre el conflicto norte/sur, para interpretarse en el marco de la puja más general por el carácter de la gran organización nacional empresaria en gestación.

De modo que, lo que se expresaba en términos de un conflicto entre la organización rosarina y el gobierno provincial por el tema impositivo, encerraba otro que obedecía a las lógicas que atravesaban la relación entre las organizaciones empresarias más alineadas con el gobierno e identificadas con la gran industria de Buenos Aires, como CEA y la flamante Federación Económica de la Provincia de Santa Fe con – por el otro lado- , la CAPIC, controlada por grupos empresarios de provincia entre los cuales militaban los más encumbrados dirigentes de Federación Gremial y sus pretensiones de mantener cierta autonomía.

Federación Gremial se encontraba en estos meses de 1950 a la cabeza del reclamo contra la superposición impositiva y los aumentos de gravámenes, que constituían según su mirada, muestras elocuentes del denunciado modelo de crecimiento industrial concentrado en Buenos Aires. En este marco de denuncia del centralismo porteño es posible entender esta coyuntura de conflicto: la concentración de las actividades industriales en Buenos Aires, la escasa o nula participación de los empresarios del interior en el trazado de las políticas, la negociación centralizada de convenios colectivos de trabajo desconociendo las particularidades locales o regionales, resultaban muestras elocuentes. CAPIC, como representante del movimiento empresario iniciado desde el interior, parecía encarnar por estos meses una alternativa para articular fuerzas en pos de la resolución de estos factores limitantes del desarrollo industrial en el interior.

La industria y el Segundo Plan Quinquenal en la Provincia de Santa Fe

Diferente fue la relación tramada entre Federación Gremial y el gobierno provincial que asumió la tarea de reproducir en la provincia los lineamientos del Segundo Plan Quinquenal: la gestión de Luis Cárcamo (1952-55). Sus objetivos económicos se adaptaron a los dispuestos en el orden nacional, esto es, se orientaron a otorgar relevancia a la denominada acción agraria, a la generación y distribución de energía eléctrica, a los transportes, puertos y comunicaciones. En el campo industrial, se propusieron fomentar la producción de materia prima industrial, racionalizar la industria, capacitar la mano de obra, contribuir a la zonificación y descentralización industrial y al establecimiento de industrias de capital extranjero. En el marco de las actividades consideradas prioritarias en el Plan Quinquenal, el aporte de Santa Fe radicaba en el fomento de ramas como la metalúrgica, del vidrio, de la alimentación, química, textil, cerámica, madera, cuero y del frío.

De modo que el gobierno provincial decidió adecuar la legislación existente, actualizando las condiciones de fomento industrial por ley 4516 de octubre de 1953. El Estado se comprometía a otorgar exenciones impositivas, asesoramiento técnico-económico y facilidades para la radicación de industrias “que se instalen en la provincia para la extracción o elaboración de productos aún no extraídos o fabricados en su territorio”. Se incluía también a industrias ya existentes que ampliasen sus actividades. Los impuestos afectados eran el inmobiliario, actividades lucrativas, sellos, energía y gravámenes y derechos municipales, siempre exceptuando las tasas. Los plazos eran de diez o quince años según se tratara de industrias ya instaladas o nuevas en el país. También estaban previstos beneficios por cinco años para quienes fabricasen productos ya industrializados en la provincia, pero resultasen insuficientes para abastecer el mercado local.

El ejecutivo provincial podía gestionar la exención de derechos aduaneros para maquinarias y materiales que se importasen para las nuevas instalaciones o para adquirir “equipos que tiendan a aumentar la producción”. Se mantenían también los beneficios para quienes decidieran construir viviendas para sus empleados u obreros o escuelas y servicios sociales para su personal. Nuevamente se planteaba que debía darse preferencia en contrataciones a productos o servicios de empresas radicadas en la provincia. La nueva ley contemplaba también los casos de incumplimiento ante los cuales se retiraban los beneficios: cuando no aprovecharan racionalmente la materia prima, no pagaran precios equitativos a los productores o no abonaran jornales justos, todo lo cual constituía una novedad.

Se agregaba también un nuevo artículo que promovía su adecuación con “la legislación nacional sobre radicación de capitales extranjeros con fines industriales”. Es decir, se adaptaba la normativa provincial a los intentos del gobierno nacional por propiciar la instalación de capitales extranjeros. No obstante durante este período esta modificación no tuvo resultados prácticos pues no se produjeron en la región radicaciones de esta clase.

Estos temas quedaron a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería e Industria, creada tras el traspaso de la Secretaría de Industria desde el Ministerio de Obras Públicas al de Hacienda, Economía e Industrias. Se creaba el Registro de establecimientos industriales y se reglamentaba el trámite de solicitud de nuevas instalaciones, ampliaciones y traslados, tendiente a mejorar el ordenamiento industrial, consolidar las manufacturas instaladas y “promover la orientación industrial futura hacia el aprovechamiento racional de las posibilidades locales”, persiguiendo dotar de mayor agilidad a las tramitaciones.

Estas disposiciones tendieron a propiciar la aplicación efectiva de la legislación de fomento y su difusión fue acompañada de una profusa propaganda hacia el conjunto de la sociedad. A principios de 1955, en un acto público en la ciudad, el gobernador entregó diplomas a numerosas empresas de tamaño y ramas muy heterogéneas comprendidas en el régimen de fomento industrial provincial, lo cual representaba para el diario local La Capital una muestra más de la importancia de las políticas industriales del gobierno provincial, junto con la jerarquización del Departamento de Industrias, la ampliación del ámbito de su competencia y su desburocratización.

A principios de 1955 el gobierno provincial estudiaba la ampliación de los beneficios de la ley, tales como exenciones impositivas, apoyo a innovaciones o modificaciones de los productos, estímulo al perfeccionamiento, colaboración en gestiones crediticias y ante otros organismos de la Nación y fijación de condiciones de calidad y organización de las empresas, evitando fabricaciones clandestinas. Si bien estas modificaciones se planteaban en correspondencia con el Segundo Plan Quinquenal, aparecían nuevos aspectos que se asociaban al gran debate que por entonces tenía lugar, acerca de la necesidad de racionalizar la producción industrial y obtener incrementos en la productividad del trabajo.

La modificación de la ley había suprimido el otorgamiento de créditos y los aportes directos de capital, limitando casi exclusivamente los beneficios a las exenciones de impuestos. Así, el Banco Provincial de Santa Fe continuó cumpliendo un papel complementario al ejercido por el Banco Industrial. En 1955, se aprobaron solicitudes para la industria correspondientes al 12% del total otorgado, con un monto que representaba el 18%, es decir, 3672 solicitudes por un importe apenas superior a los noventa y dos millones de pesos. Las principales empresas beneficiadas fueron las metalúrgicas y las alimenticias y cerca del 70% de los préstamos se otorgaron en la casa Rosario y sus filiales (el porcentaje restante correspondía a la casa Santa Fe y sus filiales). Ese mismo año la Sucursal Rosario del BIRA había otorgado 5420 préstamos de industria por poco más de trescientos cinco millones de pesos mientras la sucursal Santa Fe había otorgado 1.908 por un monto de ochenta y dos millones de pesos.

Ahora bien, la cuidadosa adecuación de la legislación provincial a la dinámica nacional en el ámbito industrial y la copiosa propaganda otorgada a los actos de gobierno en este terreno, estuvieron articuladas, como en el período anterior, al proceso de reorganización empresaria en curso.

La Federación Económica de la Provincia de Santa Fe, la Federación Gremial y el gobierno provincial (1953-1955)

El movimiento de empresarios del interior, representado por CAPIC, confluyó finalmente en la conformación de una organización nacional, la Confederación General Económica (CGE). A los fines de pertenecer a dicha entidad, las cámaras y asociaciones de base debían adscribirse a las respectivas Federaciones Regionales. De modo que la nueva Federación Económica de la Provincia de Santa Fe se constituyó formalmente en los salones de la rosarina Federación Gremial en el mes de mayo de 1953, en una asamblea integrada por ciento cincuenta delegados de organizaciones provinciales, agrupando a empresarios del norte y sur de la provincia. El gobernador de Santa Fe, Luis Cárcamo adelantó que la nueva institución “sería la única que tendría en el futuro, representación ante las reparticiones oficiales”, anticipando un futuro frente de conflictos con la Federación Gremial, que debía reconocer a la nueva organización como interlocutora privilegiada frente al gobierno provincial.

Esta situación pareció quedar clara a los ojos de los directivos de Federación Gremial, quienes mantuvieron mejores relaciones con el gobernador y manifestaron la voluntad de colaboración entre el gobierno, las “fuerzas económicas” y los trabajadores. En sus instalaciones, también recibieron a legisladores del Partido Peronista, a los fines de presentarles una agenda de temas urgentes. En esa reunión estuvo presente también el delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT). Allí se tocaron temas como puerto, energía eléctrica, radicación de industrias, creación de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros y quedó sellado el compromiso de tramitar una entrevista con Perón.

Las repercusiones de ese encuentro tuvieron su espacio en La Capital, por entonces claramente alineado con las políticas del gobierno nacional. En la columna central del diario, se congratulaban de la visita de Antonio Benítez, presidente de la Cámara de Diputados, y se ponderaba el encuentro con dirigentes de Federación Gremial, “quienes representan auténticamente a las fuerzas esenciales de la sociedad. Ésta debe organizarse racionalmente, unificar sus criterios, plantear en términos orgánicos y constructivos sus requerimientos y sus planes”. En ese encuentro Benítez no se privó de responsabilizar a los empresarios por la pérdida de relevancia de Rosario en el contexto nacional: “Sus hombres se han dejado desplazar hacia la fácil pendiente del que todo lo espera de la ayuda estatal, de la obra gubernativa”. No obstante las críticas recibidas, unos días después y como resultado del encuentro con los diputados, dirigentes de Federación Gremial asistieron a Buenos Aires a realizar diversas gestiones.

A principios de diciembre se realizó por el centro de la ciudad, la II Marcha de la Industria – de “dimensiones inusitadas”-, con desfile de carrozas, automóviles y maquinaria y de obreros distinguidos por las empresas participantes. Por esos días de fines de 1954, autoridades de la CGE, el Gobernador y el Ministro de Trabajo de la Provincia, participaron de distintos eventos públicos con dirigentes empresarios, como la inauguración del edificio propio de la Federación Económica de la Provincia, o la muestra de las Asociaciones de Comerciantes e Industriales de la Zona Sur y de la Zona Norte, o el banquete del Día de la Industria en la Bolsa de Comercio de Rosario. En este último, no pudo estar presente el Ministro de Industria gracias a un sonado episodio, la imposibilidad de aterrizar del avión que lo trasladaba, por el estado del aeropuerto local.

No obstante esta aparente armonía, una nueva línea de tensión entre el empresariado y el gobierno provincial se delineó sobre fines de ese año, cuando se reeditó el problema impositivo, esta vez bajo la iniciativa de la Federación Económica de la Provincia, que comenzó su campaña en contra de las nuevas leyes tributarias, apelando a la CGE y la Conferencia de Ministros para presionar al gobierno provincial.

A través de un extenso memorial, múltiples organizaciones empresarias se fueron sumando a la ofensiva contra los incrementos impositivos y la propia CGE se dirigió al gobernador para manifestarle que los impuestos debían representar “un instrumento de gobierno al servicio de la justicia y de la economía general del país… esta finalidad se complementa con los objetivos del presupuesto para los años 1955-56, que tienden a acelerar el proceso de capitalización del país, evitando el aumento discriminatorio de los gastos públicos, y así acrecentar la proporción de la renta nacional que se destina a la ampliación del equipo productivo y a la reposición del capital existente”. Esta campaña condujo a la denominada “rebeldía de los contribuyentes” y generó una aguda caída de la recaudación fiscal, desembocando finalmente, en la intervención federal a la provincia de Santa Fe.

Para el diario local La Tribuna, el memorial de la Federación Económica era “elocuente y demostrativo de la exacción fiscal sin precedentes en la historia financiera de la provincia”, con aumentos del 400% que habían aglutinado a los contribuyentes hasta la derogación: “cuando se paraliza el mecanismo de la percepción de los impuestos, todos los resortes estatales se aflojan. Y el enervamiento se hace general”, afirmaban. Había reparticiones públicas que no habían pagado los sueldos de enero. El diario informaba a los santafesinos que el gobierno nacional estaba enterado de la situación y vaticinaba que la solución llegaría justamente desde “las altas esferas”: “un pronunciamiento referente a la situación santafesina significaría un alivio y el primer paso hacia el reordenamiento que todos anhelan”.

Según el mismo diario, algunos problemas de la ciudad de Rosario pero cuya responsabilidad recaía en el gobierno provincial, fueron razones adicionales muy relevantes para la determinación oficial de intervenir la provincia: la pésima situación del sistema de transporte público de pasajeros y el grave problema del servicio eléctrico.

Este último adquiría una gran significación para el desarrollo de las actividades industriales y se había expresado históricamente en términos de las elevadas tarifas cobradas por la proveedora del servicio, la empresa de capitales extranjeros Sociedad de Electricidad de Rosario (SER). Pero el problema del suministro de energía eléctrica se expresó con contornos dramáticos hacia 1953-54, llegando a representar un serio limitante a la producción.

A mediados de 1954, la Cámara de la Industria de la Bolsa de Comercio de Rosario exigía extender y reforzar líneas. Para principios de 1955 los cortes de energía alarmaban a la prensa local y a las organizaciones empresarias. El desarrollo industrial así como el incremento del consumo doméstico habían desnudado un problema estructural, que condujo a la conformación de una comisión encargada de estudiar el problema, integrada por funcionarios provinciales, municipales, de la CGT y el Sindicato de Luz y Fuerza, a los cuales se agregaría más tarde una representación de Federación Gremial.

El problema del suministro del fluido eléctrico se comenzaría a solucionar por la provisión de 5000 kw -aproximadamente un 10% del consumo total de Rosario-, generado por la usina de San Nicolás, pero la producción, distribución y prestación continuaba en manos de la SER. La comisión se encargaría de determinar las responsabilidades por los cortes y sus consecuencias y recomendaría medidas a adoptar. En el transcurso de los debates, representantes de los trabajadores del transporte, metalúrgicos y de Luz y Fuerza plantearon la nacionalización del servicio. El gobernador Cárcamo elevó el problema a las autoridades nacionales, a través del Ministerio de Industria de la Nación. Mientras tanto fue necesario racionalizar severamente el suministro de energía, obligando a prolongadas y programadas interrupciones del servicio, lo cual condujo al agravamiento de las dificultades para llevar adelante con normalidad la jornada de trabajo en la industria.

Si el reclamo por el tema eléctrico unificaba a diferentes organizaciones, la ofensiva contra los incrementos impositivos fue asumida por la Federación Económica de la Provincia, en contraste con la actitud adoptada por la rosarina Federación Gremial, más cercana a la colaboración con el gobierno provincial. Varios meses antes, en marzo de 1954, el asesor legal de esta última se pronunció a favor de los mecanismos de discusión de las leyes impositivas: “Por primera vez en la provincia, y…el país, se permitió a las fuerzas de la economía…opinar sobre los anteproyectos y discutirlos con los funcionarios que los redactaron. En reuniones promovidas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Rentas, en un ambiente de cordialidad y mutuo entendimiento, se admitieron observaciones y sugestiones que, en gran parte, fueron tenidas en cuenta en el proyecto definitivo. Es de esperar que esta práctica se continúe y que la consulta se asegure lo más amplia posible, incluyendo a todos los interesados.”

No obstante, la histórica corporación local había perdido su capacidad de representación, pues en el nuevo diseño de las organizaciones empresarias, el monopolio de la representación lo ejercía la Federación Económica de la Provincia. Con ella, la organización rosarina tejió una inicial relación de colaboración en aspectos financieros y organizativos (la cesión de la página de la revista por parte de Federación Gremial, la participación de dirigentes de Federación Gremial en la Federación Económica, la elevación periódica de asuntos para su gestión frente al gobierno provincial o la CGE son prueba de ello), para posteriormente producir un progresivo alejamiento, asociado al citado papel que adquirió la nueva organización de monopolio de la representación del empresariado ante el gobierno provincial.

Por último, es posible que la menor centralidad y escasa voluntad confrontativa ostentada por la Federación Gremial en la disputa por los impuestos y los problemas irresueltos de la industria en el orden provincial, obedeciera al hecho de que se venía gestando una importante crisis en su interior, que culminó en noviembre de 1955 con la total remoción de la directiva que había comandado la organización durante el peronismo.

Consideraciones finales

Si bien existían algunos antecedentes previos, la primera ley de fomento industrial de relevancia en la provincia, fue producida durante la gobernación del radical antipersonalista Joaquín Argonz en el año 1942, en correspondencia con un conjunto de gobiernos provinciales que impulsaban el desarrollo industrial aprovechando la coyuntura propicia abierta tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Rosario se convertía durante los años de la guerra en una ciudad industrial y los debates sobre la industria, sus ventajas y sus límites, preocuparon a un amplio abanico de actores, entre ellos a los industriales organizados en Federación Gremial. De modo que el golpe militar de 1943 y posteriormente el peronismo, encontró trazadas las líneas maestras de la política industrial a implementarse hasta al menos, el año 1949.

En efecto, durante los años peronistas, se sucedieron tres gobernadores políticamente alineados con el gobierno nacional, que diseñaron disímiles herramientas de política industrial y establecieron relaciones de distinto tipo con la Federación Gremial del Comercio y la Industria. El gobierno de Waldino Suárez (1946-1949) no logró consumar sus propuestas de política industrial debido a sus pretensiones de gobernar con cierta autonomía relativa del gobierno nacional y a los intensos conflictos producidos en el interior de su propio partido. No obstante, dejó aprobado el principal instrumento de política industrial que modificaba el sancionado en 1942 y secundó al gobierno nacional en la aplicación de las directivas nacionales para la expansión de la formación técnica para el trabajo industrial. Durante la gobernación del Ing. Juan Caesar (1949-1952) se profundizaron las políticas de promoción industrial, definiendo zonas prioritarias de estímulo alrededor de las ciudades de Santa Fe y Rosario. La gobernación de Luis Cárcamo (1952-55) como la anterior, estrechamente alineada con el gobierno nacional, representó una continuidad en términos de políticas industriales con algunas novedades tendientes a la desburocratización y agilización en el otorgamiento de beneficios a las industrias.

En todos los casos, las sucesivas administraciones, desde 1942, otorgaron relevancia a las leyes de promoción industrial, que recogieron en su texto los debates y directivas que sobre el tema se propiciaban desde los gobiernos nacionales. Sin duda, durante el peronismo, este rasgo se exacerbó. A lo largo del período, el debate en torno a qué industrias favorecer, si aquellas que manufacturaban materia prima nacional o provincial o un espectro más amplio de industrias, que tendieran a abastecer el mercado interno o incluso a exportar, fue cediendo paso después de 1949, a la preocupación por el trazado de todo un conjunto de políticas destinadas a favorecer la educación técnica, a la planificación industrial, o a jerarquizar agencias estatales provinciales específicas.

Si las primeras propuestas que llegaron a la Legislatura consistieron en la exención de beneficios impositivos, la ley de 1942 los incluyó, pero amplió la acción estatal hacia el crédito industrial y el otorgamiento de premios estímulo a la apertura de un puñado de industrias “naturales”.

En 1948, la actualización de la ley fue el resultado de las presiones empresarias y de la necesidad de adecuar sus términos a los lineamientos de política industrial nacional, por lo cual se continuó beneficiando a las empresas que utilizaran materias primas del país y que cumplieran un conjunto de requisitos ya presentes en la ley de 1942, a los cuales se agregaba el cumplimiento de la legislación laboral (la anterior obligaba a aceptar el arbitraje del Estado provincial en los conflictos). El Estado provincial adquiría nuevas prerrogativas, al delegar en una Secretaría la posibilidad de otorgar créditos y al Ejecutivo la capacidad para gestionar exenciones de derechos de importación.

En 1953, la nueva ley provincial de fomento de la industria respondió a la necesidad de adecuar las reglas de juego a las emanadas del gobierno nacional a través del Segundo Plan Quinquenal. Así, a las exenciones impositivas se le sumaba el otorgamiento de asesoramiento técnico-económico, la jerarquización de las agencias estatales y los instrumentos de fomento, al tiempo que se estudiaba ampliar las prerrogativas y la intervención en temas de ordenamiento y racionalización industrial. De igual modo, se adecuaba la legislación provincial a los nuevos parámetros de radicación de capitales extranjeros en el sector industrial.

Al menos desde 1945, cuando se instaló la sucursal local del Banco de Crédito Industrial Argentino, la función del Banco Provincial de Santa Fe resultó secundaria en el otorgamiento de créditos al sector.

Los industriales rosarinos, a través de su principal organización, Federación Gremial, siguieron atentamente las novedades en política industrial emanadas de los sucesivos gobiernos provinciales. Así, durante los debates de la ley de 1942 ejercieron presiones y realizaron diversas presentaciones pero no participaron en su diseño ni puesta en práctica. Posteriormente, durante las sucesivas administraciones peronistas, la situación no varió demasiado. Inicialmente, presionaron para lograr la actualización de la legislación y luego acompañaron con críticas parciales las sucesivas normativas de promoción industrial, sin participar en organismos específicos de discusión de dichas políticas. En otros términos, a lo largo de todo el período analizado y como aconteció en el orden nacional, no lograron tramar relaciones institucionales sólidas, ni siquiera tramas visibles, con las agencias provinciales y sus funcionarios. Ni el trazado de estas políticas, ni la escasa participación que se les reservó desde el gobierno provincial, despertaron desacuerdos profundos, por lo cual las razones de las principales disputas entre los industriales de Federación Gremial y el gobierno provincial deben buscarse en otro sitio.

Como demostramos, la relación con el Ministro de Hacienda de Caesar, en un momento clave del desarrollo industrial provincial, revistió contornos críticos. Visibilizadas como una controversia en torno a los impuestos provinciales en 1950, las tensas relaciones tejidas entre el empresariado industrial del sur y el gobierno provincial no se comprenden sin ampliar la lente hacia el proceso de organización empresaria nacional y en definitiva, a las relaciones con el peronismo a nivel nacional. Esto es, hacia el conflictivo, complejo y lento proceso de organización que va desde AAPIC-CEA por un lado y CAPIC por el otro, hasta la conformación de la CGE y sus Federaciones Provinciales. En efecto, el problema de fondo resultó ser el espaldarazo otorgado por el gobierno provincial a una nueva organización empresaria surgida bajo los auspicios del gobierno nacional, desconociendo la militancia federalista de la CAPIC y sus adherentes provinciales, entre los cuales se hallaban los principales dirigentes de Federación Gremial.

Durante la administración de Luis Cárcamo, la actualización de la legislación provincial de promoción industrial fue acompañada por una profusa propaganda oficial, ampulosos actos de propaganda de estas políticas y por una activa participación del conjunto de las organizaciones empresarias en estas actividades. ¿Qué había cambiado? La conformación de la CGE y las Federaciones Provinciales habían definido una situación en la cual las cámaras, asociaciones y federaciones locales/regionales existentes debían subordinar su accionar a estas nuevas organizaciones para contar con participación en las agencias estatales nacionales y provinciales.

No obstante, una nueva línea de conflicto apareció cuando, a fines de 1954 y principios del año siguiente, los empresarios volvieron a estallar ante la cuestión impositiva, a lo cual se adicionó un problema extremadamente sensible para los industriales, la cuestión energética, todo lo cual fue elevando de tono las disputas hasta acabar con la intervención a la provincia. En esta coyuntura del tramo final del gobierno peronista en Santa Fe, la Federación Económica provincial lideró los reclamos, mientras la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario ostentó una postura más conciliadora, subordinando sus desacuerdos a una adhesión más general a los supuestos sobre los cuales se habían erigido las políticas industriales peronistas. Esta adhesión lo sería solo de una porción de la dirigencia local, que se reveló como fractura tras la caída del gobierno peronista, cuando un grupo de dirigentes tomaron por asalto el local de Federación dando inicio a un proceso de “desperonización”.

ANEXO

Cuadro 1

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, PERSONAL OCUPADO, FUERZA MOTRIZ

INSTALADA Y VALOR AGREGADO POR LA INDUSTRIA. TOTAL PROVINCIAL,

DPTOS. ROSARIO, LA CAPITAL Y SAN LORENZO – 1946



(1) Porcentaje calculado respecto al total provincial.

Fuente: elaboración propia en base a IV Censo general de la Nación, 1946.


Cuadro 2

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PERSONAL OCUPADO

TOTAL PROVINCIAL y DPTO. ROSARIO. 1935-1946-1954



Fuente: elaboración propia sobre la base de Censos industriales de 1935 y 1946. Los datos de 1954 pertenecen a Rofman, Alejandro, Desarrollo industrial del Gran Rosario (Rosario, 1962).





__________________________________________________________

1 - Altimir, Oscar, Santamaría, Horacio y Sourrouille, Juan, “Los instrumentos de promoción industrial en la posguerra”, Desarrollo Económico, núm. 21 (1966); Schvarzer, Jorge, “Promoción industrial en Argentina, características, evolución y resultados”, Documentos del CISEA, núm.90 (1987); Rougier, Marcelo, “La política crediticia del Banco Industrial durante el primer peronismo, 1944-1955”, Documento de Trabajo CEEED, núm.5 (2001), Girbal Blacha, Noemí, Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955) (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2003), Belini, Claudio, La industria peronista 1946-1955: políticas públicas y cambio estructural (Buenos Aires: Edhasa, 2009) y del mismo autor: “La promoción industrial durante el peronismo. Impacto y límites de la ley de industrias de interés nacional (1944-1958)”, Temas de historia argentina y americana, núm 16, (2010).

2 - Rofman, Alejandro, La política económica y el desarrollo regional (Bogotá: Universidad Simón Bolívar, 1981); Malatesta, Alicia, “La actividad industrial en Córdoba y la acción del Banco de crédito Industrial Argentino, 1944-1950”, Hindustri@, año 2, núm.3 (2008); Simonassi, Silvia, “El desarrollo industrial en debate: gobierno desarrollista y sector industrial en la provincia de Santa Fe, 1958-1962”, en Marcelo Rougier (dir.), Estudios sobre la industria argentina. Políticas de promoción y estrategias empresariales/2 (Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora, 2010).

3 - Piazzesi, Susana, “Después del liberalismo: ¿un nuevo conservadurismo? El iriondismo santafesino en la década del treinta”, Estudios Sociales, núm. 13 (1997); Bacolla, Natacha, “Política, administración y gestión en el peronismo histórico. Un estudio de caso: Santa Fe, 1946-1955”, Estudios Sociales, núm. 22-23 (2002); Macor, Darío y Bacolla, Natacha, “Centralismo y modernización técnica en la reformulación del Estado argentino. El caso provincial santafesino, 1930-1950”, Boletín del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol.20:2 (2008-2009), Macor, Darío, “Elites estatales en los orígenes del peronismo. El caso de Santa Fe”, Estudios Sociales, núm.4 (1993); Prol, María Mercedes, Estado, movimiento y Partido Peronista. La ingeniería institucional de Santa Fe, 1943-1955 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012).

4 - Belini, Claudio, “La promoción industrial…”, op.cit.

5 - Belini, Claudio, “La industria como problema y como solución. Ideas, debates y propuestas durante la entreguerras, 1918-1943”, en Tato, María Inés y Castro, Martín (comp.), Del Centenario al peronismo. Dimensiones de la vida política argentina (Buenos Aires: Imago Mundi, 2010); Rougier, Marcelo y Odisio, Juan, “Industrialismo mejorado: los argumentos económicos sobre la industrialización argentina hacia finales de los años treinta”, XXIV Jornadas de Historia Económica Argentina, Rosario, 2014; Simonassi, Silvia, “Los debates sobre la industria en Argentina: empresarios, intelectuales y profesionales de Rosario durante la Segunda Guerra Mundial”, América Latina en la Historia Económica, año 23, núm.2 (2016).

6 - Lucchini, Cristina, Apoyo empresarial en los orígenes del peronismo (Buenos Aires: CEAL, 1990).

7 - Provincia de Santa Fe, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (DSCD), 23/5/42, 63-64.

8 - DSCD, 30/6/42, 515-538.

9 - DSCD, 14/8/42, 615-617.

10 - DSCD, 28/8/42, 983-998.

11 - Esta institución había sido creada en 1874 como banco mixto y se había transformado en banco oficial en 1907. Había contado históricamente entre los principales beneficiarios de sus líneas de crédito a los comerciantes, en segundo lugar a los agricultores y ganaderos y solo de manera complementaria, desde la Segunda Guerra Mundial, a los pequeños industriales. En 1941, más de trece millones de pesos fueron para comerciantes, casi siete millones al campo y poco más de tres millones a industriales. A estos últimos les correspondió ese año, más de quinientos mil pesos más que el anterior. Por entonces el Banco proyectaba ampliar su presencia en ciudades del interior, abrir sucursales en zonas urbanizadas e industrializadas de la ciudad de Rosario, como el norte y oeste y adecuar el edificio de la casa central de la ciudad (culminado recién en 1952), debido al incremento de las actividades. Decía el gobernador en 1942: “Comprendió también el Banco que era un imperativo de la hora presente ampliar su radio de acción, y a tal efecto se puso en contacto con los pequeños industriales, a fin de ayudar el desenvolvimiento de su trabajo para la obtención de productos, cuya importación es virtualmente imposible”: “Mensaje del Gobernador Dr. Joaquin Argonz a la H. Legislatura de Santa Fe el 1° de abril de 1942”, citado en Campazas, Alberto, Historia del Banco Provincial de Santa Fe (1987), 249. Ese año el banco prestó además más de diez millones a empleados.

12 - Banco Provincial de Santa Fe (BPSF), Memoria y Balance, 1945, 4.

13 - El Orden, 24/3/39, 3.

14 - Federación Gremial del Comercio y la Industria (Federación Gremial), Memoria y balance, 1942, “Editorial. Necesidad de crédito industrial” y “Proyecto de ley sobre crédito industrial”, Revista de la Federación Gremial del Comercio y la Industria (Revista), 165, junio 1941, 1 y 25 y “Notas parlamentarias. Los proyectos del diputado Dr. Francisco Scarabino sobre fomento de la industria nacional”, Revista, 166, julio 1941, 20-28. Además de rosarino, Scarabino era abogado y empresario en diversos sectores económicos: pertenecía a las firmas Muebles Scarabino Hnos. Ltda., Inmobiliaria Scarabino Hnos., Cía Argentina de Carbones (para la provisión de fundiciones) y Diario La Acción: AAVV, Diccionario biográfico de hombres de negocios, biografías contemporáneas (Buenos Aires: Veritas – F. Antonio Hirsuto SA Editora y de Informaciones Comerciales, 1945). Había comenzado su carrera política en el seno del Partido Demócrata Progresista: Abad de Santillan, D., Gran enciclopedia de la provincia de Santa Fe (Buenos Aires: Ediar, 1967).

15 - Simonassi, Silvia, “Los debates sobre la industria en Argentina…”, op.cit.

16 - Provincia de Santa Fe. Gobernación, Plan trienal de gobierno, 1947-1949, mensaje leído por el Excmo. Señor Gobernador Dr Waldino C. Suárez ante las HHCC Legislativas, el 28 de diciembre de 1946, Santa Fe, marzo de 1947, 52.

17 - Simonassi, Silvia, “Educar el cerebro o pensar con las manos: los industriales rosarinos y la formación técnica para el trabajo en los albores del peronismo”, en Dicosimo, Daniel y Simonassi, Silvia (comp.), Trabajadores y empresarios en la Argentina del siglo XX. Indagaciones desde la historia social (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2011).

18 - El Litoral, 22/4/47, 4.

19 - DSCD, 1947, Tomo I, 30/5/47, 451/452

20 - Sobre las razones de esta crisis, consultar Prol, Mercedes, Estado, movimiento…, op.cit.

21 - “Se actualizó una ley provincial de fomento a las industrias” Revista, 241, octubre 1947, 282-283.

22 - “Nota al gobernador de la provincia”, Revista, 241, octubre 1947, 285.

23 - “La radicación de nuevas industrias”, Revista, 241, octubre 1947, 284-285.

24 - DSCD, 30/12/48, 2455-2464; “Nueva ley de fomento a la industria”, Revista, 264, setiembre 1949, 469-473.

25 - DSCD, 28/6/49, 262-263.

26 - DSCD, 12/7/49, 475-476. Se había autorizado por ley una inversión de cinco millones y medio de pesos del presupuesto nacional para extender una línea de alta tensión desde Rosario. Se proyectaba el uso del gas de destilería desde San Lorenzo.

27 - “Memoria del 30 ejercicio”, Revista, 264, setiembre 1949, 484.

28 - Informe del Presidente del Directorio del Banco Provincial de Santa Fe, J.A Martínez Cilveti al Ministro de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia, 15 de marzo de 1945, citado en Campazas, Alberto, Historia…, op.cit., 296.

29 - El Ing. Juan Caesar fue presidente de la Asociación de Ingenieros de Rosario. Durante el gobierno militar había actuado como Ministro de Hacienda y Obras Públicas de la provincia, luego de 1946, como Director de Ingeniería y Subdirector General de Centrales Eléctricas del Estado y desde 1947, como Administrador General de Obras Sanitarias de la Nación. Fue director gerente de la Empresa Municipal Mixta de Transporte de Rosario y de la comisión Fiscalizadora de la Sociedad de Electricidad de Rosario: AAVV, Quien es quien (Buenos Aires:1955), Abad de Santillan, Gran enciclopedia… op.cit. Enrique Vilamajó, representó a la firma Queirolo Hnos. y Cía. y “La Continental Compañía de Seguros”. Había ingresado en la directiva de Federación Gremial en 1926, fue vicepresidente desde 1927 y presidente entre 1931 y 1935, para ser designado nuevamente vicepresidente en 1939, cargo que ejerció hasta 1945. Representaba al comercio importador y mayorista local, pero además comenzó a ocupar espacios de participación y gestión en la ciudad. Durante la década del cuarenta fue concejal (1941-1942) y comisionado municipal por la intervención militar en la provincia de Santa Fe (mayo de 1945- junio de 1946): Diccionario Biográfico…op.cit.; Entrevista a Enrique A. Vilamajó, Rosario, febrero de 2015.

30 - “Nuestra Federación se dirige al Gobierno Provincial en torno al problema de las actividades lucrativas”, Revista, 270, marzo 1950, 75-77, El Litoral, 23/2/1950, 2.

31 - “Fue enviada una nota al Ministro de Hacienda y Economía. Texto completo de la nota enviada contestando las objeciones publicadas en la prensa”, en Revista, 269, febrero 1950, 61-67.

32 - Ibidem.

33 - Bolsa de Comercio de Rosario, Memoria y Balance, 1950, 17.

34 - Logrippo, Adelaida, Las fuerzas económicas argentinas (Buenos Aires, Proinco,1955), 242.

35 - Ibidem, 451-452.

36 - La asistencia de Rosario había sido garantizada en el mes de marzo mediante la visita de una delegación de dirigentes entre los cuales se encontraba José Gelbard: “Segundo Congreso del Norte Argentino”, Revista, 270, marzo 1950, 79.

37 - Para un análisis de este proceso, consultar: Brennan, James y Rougier, Marcelo, Perón y la burguesía argentina. El proyecto de un capitalismo nacional y sus límites (1946-1976) (Buenos Aires, Lenguaje Claro Editora, 2013).

38 - Prol, María Mercedes, Estado, movimiento y Partido Peronista… op.cit..

39 - El Litoral, 30/8/50, 3.

40 - “Otro caso de centralismo. La constitución de la Comisión Nacional de Cooperación Económica”, Revista, 269, febrero 1950, 41-42;”Contenido económico del centralismo porteño”, Revista, 271, marzo 1950, 105-106.

41 - Luis Cárcamo fue director de la Empresa Municipal de Transporte de Rosario, miembro del directorio del Banco Municipal y del Provincial de Santa Fe, comisionado y luego intendente de la ciudad de Rosario, asesor jurídico de un organismo clave del gobierno nacional, el Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación. AAVV, Quien es quien (Buenos Aires:1955), Abad de Santillan, Gran enciclopedia… op.cit.

42 - Gobierno de Santa Fe – Dirección de Informaciones, prensa y publicidad, II Plan Quinquenal y el aporte de Santa Fe, 1953, 35 y ss.

43 - “Ley 4516 – Fomento de la industria”, Anales de legislación argentina 1953, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1954, tomo XIII-B, 2114-2115.

44 - “Ley 4516 – Fomento de la industria”, op. cit. y Prol, María Mercedes, Estado, movimiento y Partido Peronista… op.cit.

45 - “Nuevas industrias”, en Revista 314, noviembre 1953, 272. Al respecto los empresarios resolvieron convocar a un funcionario del área para brindar una conferencia explicativa, tramitar el asesoramiento de personal de la repartición y solicitar contar con la facultad para entregar formularios en la zona sur de la provincia: Federación Gremial del Comercio y la Industria, Actas de Consejo Directivo, FG-CD, T.6, 372, 23/12/53, f. 14-24 y ss. “La ley de fomento 4516”, en Revista, 322, julio 1954, 19. El diario local La Capital, exaltaba la política industrial del gobierno nacional y el firme acompañamiento del provincial. Llamaba a las organizaciones de industriales a sumar esfuerzos; La Capital, 22/8/54, 4.

46 - La Capital, 5/2/55, 4. Las empresas beneficiadas eran: Migra SRL, Berardo y Cía, Fábrica Argentina de Cojinetes SRL, Bonari y Bella SRL, Sima SRL, Gardini SRL, Industrial Rosarina, Miguel Clementovich, Zucca y Cía, Mario Morando, Encar SRL, Cindelmet SA, Secualino Hnos, Alfredo Marietta, Fábrica de Cojinetes, Fundición Eléctrica de Aceros Reno SRL, Francisco Guillermo Rybin, Cristalería Rosarina San Vicente SRL, Establecimientos Metalúrgicos Argentinos SA., Sac-Punt, Campanini Hnos., Ciclas SA, Cañamo Bino Argentino, Reconquista SA., Caille y Voila, Drachi Hnos. y Ciardi SRL, Trío Industrias Eléctricas Musicales Argentinas SA., Gema SA., Rembado Boscharoli y Grande SRL., Frobelle, Fábrica de Plásticos Anatómicos y Artísticos, Cipra Compañía Industrializadota de Productos Americanos SRL., Talleres Immer, Carmona y Escañuela, Cala, Compañía Argentina de Laminación y Afines, Industrias Metalúrgicas Danco, Industrias Celulósicas Regionales SA., Pasic, Pianos SRL, Mujica y Principi Cia., Indeiso ICSRL, Augusto y Renato Baschetti, Proveedurías Argentinas SRL, Pedro Ottolini e Hijos y Cia SRL, CADECI SRL, FICOSA SA., Pastorutti, Boncoracio y Cia y Celulosa Argentina SA. La Capital 4/2/55, 4.

47 - La Capital, 5/2/55, 5. Cárcamo declaraba que el accionar de la Secretaría en materia de industrias no se debía a “la acción personal de los funcionarios de la provincia de Santa Fe, pues simplemente como agentes naturales del gobierno de la nación, tratamos de interpretar, de cumplir y de realizar las directivas del excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón”.

48 - BPSF, Memoria y Balance, 1956, 2.

49 - Banco Industrial de la República Argentina (BIRA), Memoria y Balance, 1955, 17.

50 - La Capital, 5/10/54, 7.

51 - La Capital, 10/10/54, 5.

52 - La Capital, 11/10/54, 4.

53 - La Capital, 22/10/54, 4.

54 - La Capital, 29/10/54, 4 y La Tribuna, 3/12/54 3; 5/12/54, 3; 7/12/54, 1.

55 - La Tribuna, 9/2/55, 3.

56 - El memorial fue reproducido en La Tribuna el 22/2/55, 3 y días siguientes. Para un análisis de esta crisis, consultar: Bacolla, Natacha, “Política, administración y gestión…”, op.cit.; Prol, María Mercedes, Estado, movimiento y Partido Peronista… op.cit.

57 - La Tribuna, 28/2/55, 1.

58 - En la sección Apostillas Políticas, que reproducía diálogos entre un “curioso” y un “bien informado”, se afirmaba: “-Y las comisiones especiales designadas en Rosario… - Resultaron la hoja de parra con que se intentó cubrir la desnudez de iniciativas para afrontar con valor y realismo el problema. – Y en Buenos Aires… - Se estimaría que los reordenamientos del trabajo industrial –con inconvenientes imprevisibles- son como cortar las piernas del hombre para que entre en la cama porque es corta…”. La Tribuna, 2/3/55, 6.

59 - La Tribuna, 25/11/54, 3.

60 - La Tribuna y La Capital, 28/1/55, 1 y días siguientes.

61 - Por ejemplo, la prensa reproducía avisos que convocaban “A los señores industriales: durante el transcurso de la presente semana, de acuerdo al nuevo ordenamiento sobre consumos de energía eléctrica para fuerza motriz, los establecimientos ubicados en acera de numeración impar, deberán trabajar con el turno continuado de la mañana y los situados en acera par, con el turno continuado fijado para la tarde. A los señores comerciantes: por el mismo motivo arriba señalado todos los letreros luminosos, vidrieras y frentes iluminados en ambas aceras, se podrá encender únicamente entre las 21 y las 6 horas del día siguiente”, La Tribuna, 15/2/55, 3.

62 - Chaume, Alberto F., “Reformas impositivas provinciales para 1954”, Revista, 318, marzo 1954, 7-21.

63 - Sobre fines de 1954 se manifestaron una serie de desacuerdos en el interior de Federación Gremial, los cuales obligaron a dar un paso al costado a su presidente y culminaron en noviembre de 1955 con la toma de la sede por parte de un sector opositor y la posterior intervención. La “excesiva” politización de los actos de la directiva así como de su publicación oficial - dirigida por Eduardo Astesano-, estuvieron entre las razones de estas disputas. No obstante las causas fueron más complejas, y enfrentaron a sectores vinculados al comercio importador con grupos comprometidos con el cooperativismo local. Este proceso fue analizado en Simonassi, Silvia, Las organizaciones empresarias de la industria en Rosario, 1930-1962, tesis doctoral inédita (Rosario, 2012). El papel desempeñado por Astesano en Federación Gremial ha sido analizado en Simonassi, Silvia, “El peronismo y la burguesía nacional desde la perspectiva de Eduardo Astesano”, Naveg@mérica, núm.12 (2014)






 

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