Publicación de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, para contribuir y difundir el conocimiento histórico. Publicación de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, para contribuir y difundir el conocimiento histórico.

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ISSN 1669-9041
Es una publicación anual de la Escuela de Historia para contribuir a la divulgación del conocimiento histórico.
Universidad Nacional de Salta
 


REVISTA 6 

ESCUELA DE HISTORIA
Año 6, Vol. 1, Nº 6, Año 2007
 

Artículo


 

De lo nacional a lo regional. Discurso empresario e industria azucarera en el Norte argentino, 1894-1923[1]

(From national to regional. Entrepreneur speech and sugar industry in the North of Argentina, 1894-1923)

 

Moyano, Ricardo Daniel y Lenis, María

Instituto Superior de Estudios Sociales-Universidad Nacional de Tucumán-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. San Lorenzo 429, San Miguel de Tucumán (CP 4000). 

 

Resumen: En este trabajo nos proponemos analizar la articulación del discurso azucarero en defensa de la actividad en dos coyunturas clave: el debate en torno a las tarifas aduaneras de 1894 y la política del primer gobierno de Yrigoyen en materia azucarera. Estos dos momentos nos permiten advertir el pasaje de un discurso azucarero que buscaba resaltar la dimensión nacional de la agroindustria a otro que enfatizaba los rasgos regionales, identificando la actividad con el desenvolvimiento de las provincias norteñas en su conjunto.

 

Abstract: The aim of the article is to analyze the joint of the sugar speech in defense of the activity in two key conjunctures: the debate concerning the customs tariffs of 1894 and the politics of the first government of Yrigoyen in sugar matter. These two moments allow us to warn the passage of a sugar speech that was seeking to highlight the national dimension of the agroindustry to other one who was emphasizing the regional features, identifying the activity with the development of the Northern provinces in its set.

 

Palabras clave: Industria Azucarera; Discurso Empresario; Región.

Key Words: Sugar Industry, Entrepreneur Speech, Region.

 

Introducción

 

En 1894 el proteccionismo azucarero ocupó el centro de los debates parlamentarios. Los sectores librecambistas del Litoral denunciaban que la industria azucarera debía su existencia al favor que el gobierno nacional le había otorgado, y que, tratándose de una industria “artificial”, su permanencia sólo se explicaba por los estrechos vínculos políticos que había forjado la élite azucarera. De este modo, no existía razón alguna para seguir protegiendo a una industria imposibilitada, por su propia naturaleza, de beneficiar al país en general ya que encarecía el producto y privaba al Estado de importantes ingresos vía importación, beneficiando sólo a una treintena de propietarios de ingenios.

En este contexto, el Centro Azucarero Argentino, secundado por la prensa local, empleó un conjunto de argumentos y esgrimió estrategias tendientes a desmontar las opiniones de corte librecambistas sostenidas por la prensa porteña y por los legisladores nacionales, especialmente los que pertenecían a la UCR de la Capital. Las justificaciones de los industriales azucareros giraron en torno a la importancia de los capitales radicados en la actividad, la dimensión nacional de la misma, y la necesidad del proteccionismo como vía de industrialización y de independencia económica del país.

Los cambios en la representación parlamentaria como consecuencia de la aprobación del Censo Nacional de 1914 y la política azucarera de Yrigoyen provocaron un cambio en la estrategia del “grupo azucarero” en tanto se atrincheró en un discurso que diferenciaba claramente las distintas economías regionales, identificando el desarrollo de las provincias del Norte con la actividad azucarera.

En este trabajo nos proponemos analizar la articulación del discurso azucarero en defensa de la actividad en dos coyunturas clave: el debate en torno a las tarifas aduaneras de 1894 y la política del primer gobierno de Yrigoyen en materia azucarera. Estos dos momentos nos permiten advertir el pasaje de un discurso azucarero que buscaba resaltar la dimensión nacional de la agroindustria a otro que enfatizaba los rasgos regionales, identificando la actividad con el desenvolvimiento de las provincias norteñas en su conjunto.

 

La construcción de un discurso. El azúcar como industria nacional (1894-1912)

 

En 1894 el PEN decretó la formación de una Comisión Revisora de las Tarifas Aduaneras, lo que reactualizó la vieja discusión entre proteccionismo y librecambio. Los debates en torno a la legislación aduanera más adecuada, así como también sobre cuáles eran las industrias que debían ser fomentadas, provocaron que el empresariado azucarero decidiera crear su propia corporación para salvaguardar sus intereses ante los poderes públicos nacionales. El nuevo giro de la política presidencialista hizo reaccionar a los industriales, dado que la actividad venía funcionando por más de una década con ciertos niveles de protección que súbitamente pretendían ser alterados. De esta manera, la creación del Centro Azucarero Argentino (CAA) puede entenderse como una respuesta defensiva ante lo que consideraban una amenaza para el sector.[2]

Entre las estrategias implementadas por la corporación empresaria para preservar la protección podemos mencionar las prácticas de lobby que quedaron plasmadas en la invitación del entonces ministro de Hacienda, Dr. José A. Ferry, a la provincia de Tucumán[3] , en las reuniones celebradas con miembros de la Comisión Revisora y con diputados nacionales, como también en el acuerdo alcanzado con las provincias vitivinícolas para aunar esfuerzos dirigidos a lograr una legislación adecuada para el desarrollo de sus respectivas industrias.

Estas gestiones fueron acompañadas por una activa política editorial a través del órgano de difusión de la entidad, la Revista Azucarera. Desde esta publicación mensual se buscó influenciar positivamente a la opinión pública, sobre todo la porteña, y de homogeneizar las opiniones de los industriales en materia azucarera, en respuesta a los ataques de la prensa porteña y de la prédica de los sectores librecambistas, sobre todo radicales. Las críticas hacia la agroindustria azucarera hacían hincapié en su artificialidad y el consiguiente encarecimiento del producto, en perjuicio de los consumidores del Litoral; en un proteccionismo considerado excesivo, que terminaba por otorgarle a Tucumán un status privilegiado respecto a las demás provincias y las pérdidas que significaba al erario publico nacional, vía ingresos de aduana, la disminución de las importaciones de similares extranjeros de menor costo.

Frente a estas críticas, la Revista Azucarera, secundada por la prensa local, recurrió a un discurso que remarcaba firmemente las dimensiones nacionales que había adquirido la agroindustria en los últimos años.

Se intentó sistemáticamente demostrar que el desarrollo de la actividad azucarera en Tucumán había convertido a la provincia en un centro de atracción de capitales, mano de obra, combustible y tecnología, como también en un polo de difusión, de civilización, de cultura, de progreso, de espíritu de empresa y de apego al trabajo por parte de los sectores subalternos. Asimismo, se explicitaba la fuerte vinculación de la industria azucarera con el Litoral, destacando los nexos financieros y comerciales, demostrando de esta manera, que los intereses comprometidos en la agroindustria trascendían los marcos provinciales. En este sentido, las palabras de Clodomiro Hileret, propietario del ingenio Santa Ana, resultan ilustrativas: “… industria tucumana se dice. Ojalá hubiera quien pueda decirnos lo que tendría que hacer para llegar a ser denominada industria nacional. De los cuarenta mil hombres directamente ocupados en ella las dos terceras partes son santiagueños, cordobeses, riojanos, catamarqueños y salteños. Del producto de las cosechas se queda en el Litoral (…) un veinticinco por ciento (…) y esto sin contar que de allí nos vienen las bolsas, el aceite, el kerosene, un mundo de artículos que dan movimiento al comercio de aquellas plazas (…) Y sin embargo, esto se llama industria esencialmente tucumana (…) esto es inexacto, no hay industria más eminentemente nacional que la nuestra”. [4]

En este sentido, Tucumán, como epicentro industrial, habría cumplido un rol modernizador de las provincias del Norte del país, poniéndole al alcance no sólo el progreso material, sino integrándolas al “orden” y a la “civilización”. Esta argumentación será una constante durante todo el período. En relación a esto, la Revista afirmaba que “(…) la industria azucarera de Tucumán, es una industria civilizadora que hace honor al país y que ha devuelto á la Nación la protección que de ella ha recibido, convirtiendo en población lo que antes era desierto”.[5]

Por otra parte, la prensa local contribuyó a esta campaña propiciando la formación de una suerte de “conciencia azucarera”, como un medio para reforzar las acciones emprendidas por el Centro. Se intentó instalar la idea de que el proteccionismo, como política económica, era deseable en tanto fortalecía el aparato productivo del país. Por lo tanto, todas las industrias eran merecedoras por igual de tal protección; pero en el caso de que hubiera que privilegiar alguna, los poderes públicos debían inclinarse por las industrias ya consolidadas, sin importar su ubicación. Se destacaba, además, las diferencias de escala de la actividad azucarera respecto a las “jóvenes industrias” porteñas, insistiendo en que no se habría incurrido en un proteccionismo selectivo, ya que el Estado protegía a las noveles industrias del Litoral de igual manera. En tal sentido las críticas al proteccionismo sólo podrían decodificarse como una oposición al proteccionismo azucarero. En la editorial del diario El Orden del 2 de julio de 1894 se afirmaba que: “Con frecuencia se lee artículos o se oye razonar a favor de fábricas de sombreros, de tejidos o de fósforos, o de cualquier otra establecida en la capital, invocando la necesidad de fomentar estas pequeñas industrias como base de nuestro porvenir económico. (...) Pero si se trata de una gran industria, alimentada no por una sino por 50 fábricas, que da vida al organismo económico de la nación entonces aparece el mismo paladín convertido en librecambista, y arrollando la bandera del proteccionismo. (...) No se puede decir en nombre de los intereses bien entendidos de la Nación, que una industria merece más protección que otra, es menester que tal afirmación sea fundamentalmente exacta, es decir, apoyada en la doctrina científica que da vida al proteccionismo de las pequeñas y anémicas industrias, olvidando aquellas otras por sus grandes proyecciones (...)”.[6]

Las distintas estrategias instrumentadas por la entidad azucarera dieron sus frutos, ya que finalmente la Comisión encargada de proyectar las reformas en las Tarifas Aduaneras decidió mantener vigente los aranceles para el año 1895. La misma corporación reconoció que el triunfo obtenido se debió a las múltiples gestiones que se realizaron en distintos ámbitos afirmando que “… es indudable que sin la existencia del Centro Azucarero, sin la representación y el prestigio que todos los fabricantes han dado con su adhesión a los miembros de la Comisión Directiva, sin los trabajos que esos miembros han hechos en la seno del Congreso, sin las numerosas publicaciones repartidas oportunamente, sin la influencia ejercida sobre los diarios de gran circulación, la campaña a favor del mantenimiento de los derechos habría sido estéril y no se habría podido evitar una rebaja más o menos importante”.[7]

A pesar de que la industria había superado con éxito el principal obstáculo, esto no significó que los problemas desaparecieran. En 1895 comenzaron a percibirse los primeros síntomas de lo que iba a ser la primera gran crisis de sobreproducción de la industria azucarera y que se iba a extender con altibajos hasta 1906.[8] El precio del producto sufrió una paulatina disminución.[9] Ante esta situación comenzaron a barajarse las alternativas más tangibles para poner freno a la depreciación del artículo. Se hicieron las gestiones necesarias para lograr la sanción de la Ley de Primas (que entró en vigencia en 1897), se creó la Unión Azucarera Argentina, y además se intentaron convenios para concentrar las ventas del dulce en una sola mano.[10]

La discusión sobre la ley de primas a la exportación ofreció un nuevo escenario para debatir en torno a la industria azucarera. En esa oportunidad se reiteraron los argumentos que censuraban la protección que recibía la agroindustria por considerarla excesiva. Se sostenía que los industriales tucumanos se habían endeudado irresponsablemente y que, ante un marco de sobreproducción, pretendían que el Estado profundizara la protección subsidiando la exportación de azúcar para asegurar un buen precio en el mercado interno. De esta manera, las pérdidas recaerían directamente sobre el consumidor.

En esta coyuntura los esfuerzos del CAA estuvieron orientados a lograr un acuerdo entre fabricantes que permitiera centralizar la venta de azúcar como medio para evitar la competencia e impedir la continua depreciación del producto. Por este motivo, la defensa de los intereses azucareros frente a la ofensiva librecambista estuvo a cargo de los representantes de la provincia de Tucumán en el Congreso de la Nación. Podemos advertir que el discurso azucarero orientado a reforzar las proyecciones nacionales de esta agroindustria no sufrió modificaciones. En este sentido, afirmaba el senador por Tucumán Francisco L. García que “… no hay industria nacional que no esté vinculada a la suerte de la azucarera. Desde el capital bancario que la anima y fomenta, hasta los brazos de miles de habitantes; desde las empresas de transporte hasta las compañías que aseguran sus productos; todos están interesados en que esta fuente de trabajo nacional no disminuya su poder expansivo.”[11] Y concluía que “… la industria azucarera es la mas genuinamente argentina. Ninguna otra ha sido amasada por manos más argentinas (…) Y no es solo Tucumán, es una vasta región de la republica, Tucumán si se quiere, es el foco, el centro de la producción: pero ahí esta la región de Salta y Jujuy (…) que será la región azucarera del porvenir…”.[12]

Podemos advertir que el término región se utilizó en algunas oportunidades para referirse a un conjunto de provincias o sólo a una. [13] Sin embargo, el apelativo “regional” remitía a un espacio geográfico amplio, que trascendía los límites estrictamente provinciales. De este modo el discurso azucarero utilizó el apelativo regional como una manera de involucrar a otras provincias en la actividad, pero remarcando su carácter de socias menores de un centro indiscutido, la provincia de Tucumán. La defensa de la protección aduanera siempre hizo hincapié en la dimensión regional de la industria, aunque sin embargo esta estrategia discursiva obedecía a la necesidad de demostrar que la agroindustria azucarera no era un emprendimiento solamente tucumano, y que no eran los intereses de una única provincia los que se estaban preservando. De esta manera, podemos sostener que el discurso azucarero habría sustituido el adjetivo provincial por el de regional, en tanto permitía otorgarle un sentido más abarcador a la actividad, reforzando así la identificación de la industria azucarera como industria nacional.

La ley de primas entró en vigencia en enero de 1897, logrando descongestionar de manera parcial la sobreoferta de azúcar en el mercado, ya que no existía una posibilidad real de colocar el excedente de producción en el mercado externo. A la vez, los desacuerdos y rivalidades entre los industriales y consignatarios obstaculizaron la consolidación de convenios de comercialización que pusieran freno a la debacle de los precios del azúcar. De esta forma, el problema de la sobreproducción se solucionó de manera drástica. Las llamadas “Leyes Machete” de 1902 y 1903, instrumentadas desde el gobierno provincial, supusieron desplazar el eje del problema de la crisis: se dejó de lado el aspecto comercial, intentando arribar a una solución controlando la faz productiva.[14]

Durante la primera década del siglo XX los conflictos se manifestaron hacia el interior del sector azucarero. Los debates de 1904 y 1907 en el Congreso de la Nación mantuvieron las características de la confrontación tanto de los representantes de los intereses azucareros como de sus críticos. A pesar de que existieron leves modificaciones de las leyes aduaneras, recién en 1912 se reformuló la protección al azúcar con la sanción de la llamada Ley Saavedra Lamas.

En esta primera etapa de estudio podemos constatar que la articulación del discurso azucarero en defensa de los niveles de protección se caracterizó por resaltar constantemente las proyecciones nacionales de la agroindustria destacando las vinculaciones existentes entre la industria azucarera tucumana con las provincias vecinas y con el Litoral. Sin embargo, no cabe duda de que el desarrollo azucarero tenía como centro la provincia de Tucumán, y que los intereses más comprometidos eran esencialmente tucumanos, de modo tal que la dimensión regional a la que el grupo azucarero hizo referencia en más de una oportunidad tenía como objetivo satisfacer las demanda de los intereses radicados en la provincia. Esto no significó que las otras provincias del Norte argentino no participaran de la actividad, pero se las consideraba más como parteneires del epicentro tucumano que como provincias productoras.

 

En defensa del consumidor. La ley Saavedra Lamas y la ofensiva socialista (1912-1916)

 

El proyecto de ley presentado por el diputado por la Capital Carlos Saavedra Lamas recibió un decidido apoyo por parte de los representantes tucumanos en el Congreso Nacional.[15] Se remarcaba que esta legislación arancelaria proporcionaría cierta estabilidad y permitiría a los industriales perfeccionar sus sistemas de fabricación y de cultivo, de manera tal que para el año 1921 los azucares nacionales estarían en condiciones de sufrir una nueva rebaja, sin el temor de producir una crisis industrial. No obstante, la percepción del CAA era que la sanción de la Ley 8877 era producto de la debilidad del sector azucarero que, ante la imposibilidad de negociar la protección aduanera en sus propios términos, tuvo que aceptar la propuesta del diputado por la Capital. En este sentido, la Revista Azucarera afirmaba que “la nueva ley azucarera no responde en absoluto a los deseos de los industriales, ha encontrado una acogida favorable en las provincias del norte, porque tiene la gran ventaja de dar a la legislación la estabilidad de que antes carecía”.[16]

La estabilidad que otorgaba la ley a la actividad azucarera se vio alterada por el estallido de la Primera Guerra Mundial y la “crisis del mosaico”,[17] que generaron la suba del precio del azúcar y reavivaron las críticas hacia el sector azucarero, tanto de los socialistas como de los radicales.

La bancada socialista presentó distintos proyectos (en 1913, 1916 y 1917) destinados a derogar la ley 8877 y permitir la importación de azúcar con derechos reducidos con el objetivo de abaratar el producto para beneficiar a los consumidores, sobre todo a las clases trabajadoras.

En los extensos debates que se llevaron a cabo podemos advertir que los diputados socialistas constantemente definían a la actividad azucarera como una industria esencialmente tucumana, a la vez que consideraban que el aumento del precio del dulce tenía que ver con maniobras oscuras tejidas por la “oligarquía azucarera” para acrecentar aún más su ya desmedida riqueza, expoliando al pueblo consumidor. En este sentido Juan B. Justo sostenía: “… creo haber evidenciado la enorme extorsión a que está sujeta la población consumidora argentina por los privilegios de que disfruta el trust del azúcar. (…) La industria azucarera ha sido siempre, desde que se quiso hacer de ella una gran industria nacional, el niño mimado de la política comercial argentina, en los treinta años de protección que lleva ha adquirido las peores costumbres”.[18]

El diputado por Tucumán Melitón Camaño hacía notar en las discusiones parlamentarias que los diputados por el Litoral hablaban indistintamente de industria azucarera e industria tucumana, y afirmaba que “… cuando decimos industria azucarera, decimos industria de Tucumán, como si se tratara solo de la suerte de aquella provincia, error debido a la correlación de ideas, explicables por el origen que tuvo esa industria. La industria azucarera no es una industria de Tucumán. Tucumán le ha dado su nombre por ser la iniciadora (…) La industria azucarera es hoy una industria nacional, y si se restringe un poco, una industria regional (…)Esta industria (…)es tucumana en la forma, es regional,(…) porque promueve un movimiento de valores en todo el norte argentino, y es nacional(…)[porque] los capitales son suministrados por la metrópoli.”[19]

De este modo, se puede observar que los argumentos tanto de los críticos como de los defensores de la actividad azucarera mantuvieron las mismas características en este período.

A pesar de la ofensiva socialista y de una percepción de constante hostilidad hacia los intereses de la industria azucarera, los proyectos presentados no prosperaron. Esto habría obedecido, en parte, a que el Poder Ejecutivo consideraba que la legislación protectora azucarera no podía ser súbitamente alterada y “... que la industria azucarera iba a iniciar necesariamente un nuevo camino cuando sepa que los días de su protección solo son limitados”.[20]

No obstante estos éxitos relativos, se puede advertir cierta debilidad del grupo azucarero, en tanto estaba perdiendo poder de presión y negociación en el ámbito del Congreso de la Nación. La apreciación del CAA era que se iniciaba una nueva etapa dentro del desarrollo industrial azucarero, en el que la protección arancelaria comenzaba a retroceder y donde los intereses pampeanos ganaban cada vez más terreno. De este modo, la percepción de amenaza no tenía que ver tanto con la medidas concretas promovidas por los poderes públicos para regular el mercado azucarero, sino más bien con la nueva conformación parlamentaria provocada por la aprobación del Censo Nacional de 1914, que les restaba poder de presión en el ámbito legislativo. [21]

 

Reformulando la región. Radicalismo, cuestión azucarera y conflicto interregional (1916-1923)

 

Una de las primeras medidas tomadas por Yrigoyen como presidente de la Nación fue la firma de un decreto autorizando la importación de 75.000 toneladas de azúcar con derechos reducidos. Una vez más los industriales se enfrentaban con un Poder Ejecutivo dispuesto a hacer uso de la facultad conferida por la Ley 8877 (como ya lo había hecho Victorino de la Plaza), pero que además entendía que ésta lo autorizaba a rebajar los derechos hasta la supresión, no de acuerdo a la escala decreciente establecida por la misma.

Durante los primeros años del gobierno de Yrigoyen, la estrategia de los azucareros consistió en remitirse a la letra de la ley. En este sentido, se cuestionaba al PEN en tanto se consideraba que éste hacía una interpretación libre y arbitraria, con un claro fin electoralista, violando de esta manera “el espíritu de la ley”. Desde esta perspectiva, la defensa de los intereses azucareros sufrió un giro. No se recurrió como en el pasado a presentar la actividad en sus dimensiones nacionales y regionales, sino que se refugió en una discusión “legalista”. En esta oportunidad se señalaba que los industriales habían realizado inversiones y previsiones de acuerdo a lo establecido por la ley 8877, y la política del Ejecutivo Nacional ponía seriamente en peligro el desarrollo industrial de la región al alterar de manera abrupta los niveles de protección, quitándole el marco de estabilidad bajo el cual los industriales habían diseñado sus estrategias empresariales. De esta manera, las demandas del grupo azucarero se concentraron en impedir la importación de azucares extranjeros.

No obstante los reclamos del sector, el gobierno nacional concedió permisos de importación con derechos reducidos con el objetivo de rebajar sensiblemente el precio del azúcar. Sin embargo, esta medida estaba destinada a no tener ningún efecto real sobre el mercado azucarero. La Primera Guerra Mundial había paralizado la industria azucarera de remolacha tanto en Alemania como en Francia, lo que trajo aparejado la escasez mundial del artículo. Por lo tanto, resultaba sumamente difícil encontrar en los mercados extranjeros azúcar que una vez introducido en el país, pudiera ser vendido a $4,10 m/n los 10 Kg. en plaza de Buenos Aires.

            Por este motivo, a mediados de 1917, el gobierno recurrió a una nueva estrategia requisando una pequeña cantidad de azúcar ubicada en los depósitos fiscales para venderla al precio autorizado en las ferias francas. Esto originó atropellos y desórdenes en los mercados, puesto que la “multitud” trataba de conseguir su cuota de azúcar barata.[22]

            Ante el escaso impacto de la política presidencial en el precio del azúcar, se presentaron diversos proyectos en el Congreso de la Nación para conseguir este objetivo. Los radicales proponían declarar libre de derechos la importación de azúcar, suspender temporariamente la vigencia de la Ley Saavedra Lamas y mantener el precio del dulce a $4,10 m/n los 10 Kg. La propuesta de los socialistas presentaba características similares, pero fijaba el precio de venta del producto en $3,50 m/n los 10 Kg. de azúcar refinada.[23] Al mismo tiempo, el PEN presentaba en el Congreso un proyecto de ley que lo autorizaba a comprar el azúcar importada que se encontrara en los depósitos fiscales para luego venderlo $4,10 m/n los 10 Kg. Las Cámaras aprobaron la propuesta rápidamente y ese mismo día el PEN promulgó el proyecto votado en el Congreso.

La política de Yrigoyen buscaba mantener invariable el costo de vida de los sectores subalternos frente al impacto que significó la conflagración europea en la economía del país. En esta clave se puede entender el diseño de la política azucarera implementada durante su primer gobierno, en tanto el objetivo primordial era asegurar azúcar barato para la masa consumidora de los grandes centros urbanos. La escasez mundial de azúcar, debido a la guerra, había provocado la suba del precio del producto y ahora la crisis de la agroindustria nacional por la ya mencionada “plaga del mosaico” alimentaba esa tendencia. De este modo se buscó la saturación del mercado interno con el objetivo de desbaratar la especulación sobre el precio del azúcar. Como consecuencia de ello se multiplicaron las autorizaciones para importar cantidades muy superiores a las necesidades del país.[24]  

Cuadro Nº 1: Importación de azúcar durante el período 1914-1923 (en Toneladas)

Años

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

Toneladas

6509

23

30326

160157

33269

82138

48

55599

73571

24506

Fuente: Elaboración propia a partir de La Industria Azucarera, Centro Azucarero Argentino, Buenos Aires, 1935.

 La crisis del mosaico había sido superada con el replante masivo de caña de Java en toda la provincia, ya que esta variedad era resistente a las heladas además de poseer mayores rindes culturales y sacarinos. De este modo, se produjo una rápida recuperación en cuanto a producción. Esta logró hacia 1919 los niveles de 1913, considerados, hasta entonces, de sobreproducción, alcanzándose rápidamente el límite de la capacidad de consumo nacional. El mercado interno parecía ordenarse por fin. Sin embargo, en el transcurso de ese año los precios se mantuvieron altos.

 Cuadro Nº 2: Evolución de la producción azucarera tucumana durante los años de crisis (en Toneladas)

Años

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

Tucumán

116359

147804

121343

226638

270504

103448

44609

43575

86827

247538

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de la Provincia, (años 1910-1919).

En 1919 a los permisos de importación se sumó la prohibición para exportar azúcar. El grupo azucarero realizó una serie de gestiones que fueron secundadas por los gobernadores de Tucumán y Jujuy, tendientes a lograr la apertura del mercado externo. Por primera vez Yrigoyen accedió al pedido de los industriales, permitiendo la exportación con la condición de que el precio del azúcar en el mercado interno no superara el límite fijado por la Ley.

La posibilidad de exportar desató la especulación por parte de los comercializadores de azúcar, que llegó cotizar a $7 m/n los 10 Kg. en el mercado porteño. La respuesta de Yrigoyen no se hizo esperar. A principios de 1920 se prohibió nuevamente la exportación y se elevó un proyecto de ley solicitando la expropiación de 200.000 toneladas.[25]

 

Cuadro Nº 3: Precios promedios del azúcar al por mayor en Capital Federal (por 10 Kg. en $m/n)

Años 

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

Granulado ($m/n)

3,06

3,25

4,62

5,4

6,62

3,57

5,9

5,61

4,46

5,38

Pilé      ($m/n)

3,9

4,05

4,89

5,66

6,53

7

3,03

6,86

5

5,08

Fuente: La Industria Azucarera, Nº 754, agosto de 1956, p. 427.

 

Frente a este embate la prensa tucumana reaccionó reactualizando el conflicto en clave regional. “… el pueblo tucumano sabe y le consta por dolorosa experiencia, que tiene en el gobierno radical que preside el señor Irigoyen, el implacable enemigo de su industria y el causante directo de la ruina económica de esta provincia. (…) el veto presidencial que abría los puertos argentinos a la salida del excedente de azúcar es una manifestación de ese odio inveterado que el hombre que rige los destinos del país profesa a las provincias mediterráneas, colocadas en segundo término con relación a su importancia política”.[26]

Luego de largos debates en el Congreso de la Nación, el proyecto de expropiación fue aprobado con modificaciones, expropiándose sólo 50.000 toneladas que fueron vendidas al público en comisarías y ferias francas.[27]

Los industriales azucareros consideraron las medidas tomadas como un ataque directo e injustificado a la actividad y a la provincia. Por su parte, el diario El Orden acusaba a Yrigoyen de proceder con fines netamente electoralistas absteniéndose de intervenir con idéntica rigurosidad sobre los productos del Litoral como la carne y el pan. En este sentido, se lamentaba que “(…) el rigor de la ley no se haga extensivo a los idénticos procedimientos que encarecen el pan, carne y demás artículos de primera necesidad. Pero el Sr. Yrigoyen en su afán de catequizar al electorado del litoral ha condenado severamente solo una de las modalidades de especulación y no las hace extensiva a otras actividades como el trigo y la carne”.[28]

En la misma dirección los representantes tucumanos en el Congreso Nacional solicitaban al Ejecutivo que explicite el criterio por el cual expropiaba la producción azucarera y no actuaba de la misma manera con las industrias del pan y de la carne, ya que ambos productos tenían una mayor incidencia dentro de la canasta alimenticia. “… ¿por qué pide, entonces, el Poder Ejecutivo esta autorización extraordinaria para requisar la totalidad de la producción de la única gran industria del norte de la Republica, es decir 200.000 toneladas? (…) Pero estas industrias poderosas del Litoral son industrias privilegiadas; sobre ellas el Poder Ejecutivo no proyecta nada, y solo se le ocurre intervenir aquellas industrias que son más pobres y más necesitadas, que están lejos. No importa que de ellas dependa la vida y subsistencia de cinco provincias”.[29]

La acción de la expropiación se la entendió como un ataque directo a la región y a la provincia. El grupo azucarero confrontó la realidad del interior del país con la del Litoral. Durante el llamado “Orden Conservador” las representaciones provinciales eran indispensables para asegurar la reproducción del sistema político inaugurado en el ’80. Por lo tanto, la burguesía tucumana podía expresar sus demandas por canales alternativos a los institucionales. El cambio de la composición parlamentaria en virtud del Censo de 1914 y la sanción de la Ley Sáenz Peña “… alteraron las reglas del juego para la defensa de los intereses sectoriales y provinciales. Estos no pudieron expresarse más por la vía de redes informales y multifuncionales ni apelar sólo al peso político de las oligarquías provinciales. La contrapartida fue el creciente peso de las clases medias y masas populares (…), cuya concentración en las ciudades del litoral resto posibilidades de maniobra a las oligarquías. (…) Ahora las bases del estado nacional no se encontraban tan sólidamente como antes en las oligarquías provinciales…”.[30]

De esta manera, la política azucarera de Yrigoyen aparecía ante los ojos de los empresarios azucareros y de los tucumanos como un arma netamente electoralista. Decididamente, el Litoral cobraba más fuerza y se anteponían sus demandas a las del interior. El proteccionismo perdía terreno frente al avance de los intereses pampeanos y de los consumidores de la metrópoli. Se señalaba que “… los intereses de toda una región argentina tan vasta como rica y como desamparada por los partidos que se titulan populares estarán a merced de los caprichos de un hombre que no conoce la republica, que no tiene noción de su economía general, que carece de ideas de gobierno, que no profesa en la practica el nacionalismo que él cree sustentar cuando habla de patriotismo (…) y que todo lo supedita a la conveniencia de una política pequeña fundada en la adulación del electorado de los grandes centros de población”.[31]

A diferencia de las otras discusiones en el Congreso Nacional, donde se destacaban las bondades de la industria azucarera en relación a la economía nacional, en esta oportunidad el discurso de defensa se articuló en torno al conflicto interregional. “… Y esta hostilidad, señor presidente, no solo se ha hecho sentir contra el azúcar sino también contra otras industrias del interior (…)prohibiendo la exportación de azúcar, de la semilla de tártago, del aceite de ricino, de los porotos, del alcohol, todos los artículos de producción del interior, particularmente del norte (…); pero al mismo tiempo se fomentaba la exportación de las sustancias más vitales para el pueblo, como son la carne y el trigo productos de las provincias del litoral con mayor población.¿Por que?¿será tal vez por error de concepto o porque los habitantes del litoral son muchos y pocos los del interior? y es aquí, señor presidente, donde toca un problema fundamental producido como consecuencia del desequilibrio político traído por la aprobación del Censo y la nueva representación parlamentaria. Los intereses de los consumidores del litoral presionan y presionarán cada día más una legislación a su favor y así vemos a partidos y al gobierno ávidos por conquistar el voto popular (…). Acá ya no hay partidos, ni gobierno que se preocupen de los grandes y altos intereses industriales y económicos del país. No hay otra lucha, no hay otro anhelo que la conquista del voto”.[32]

Como ya dijimos anteriormente, la apelación a la región siempre estuvo presente en el discurso azucarero; no obstante ésta aparecía de manera difusa, poco clara, sin límites precisos, pero con un centro indiscutido situado en Tucumán, destacándose sistemáticamente el rol que esta provincia tenía como usina económica del norte del país. A partir de 1920, más precisamente con la expropiación del azúcar, desaparecen, a nivel discursivo, las distinciones que se hacían entre la principal provincia productora y la restantes, que participaban en la actividad como proveedoras de alimentos, combustible y mano de obra. De esta manera, se desdibuja esta idea del epicentro tucumano y hace su aparición la región como un bloque homogéneo de provincias, vinculadas estrechamente a una misma actividad económica, fuente de su desarrollo y riqueza. “Las provincias del norte constituyen un hecho social perfectamente diferenciado dentro de la vida argentina, les es común esta única fuente de riqueza que es la industria del azúcar, les es común el problema del aislamiento de los centros de consumo, el problema sanitario, el problema agrario, el problema de la falta de braceros para su industria todo –en una palabra- lo que contribuye a dar homogeneidad a una población humana. El norte es una expresión económica, como lo es el litoral, como es Buenos Aires, como es Cuyo, como es la Patagonia (…) Pero el norte esta desamparado políticamente”. [33]

Como puede advertirse, en el discurso azucarero aparece claramente la apelación concreta a la región como un bloque cohesionado de provincias aglutinadas en torno al desarrollo económico propiciado por la agroindustria, pero al mismo tiempo se destaca la debilidad política de las provincias del Norte respecto del Litoral, reeditando la vieja dicotomía interior-Buenos Aires. De este modo, se dejaba sentado que lo que impediría el normal desenvolvimiento y crecimiento económico de las provincias norteñas no era su estructura productiva, sino el desgaste del poder de presión y gestión del “grupo azucarero” ante los poderes públicos nacionales, debido al desequilibrio político que trajo aparejado el Censo de 1914 con la nueva categorización de los distritos electorales, lo que dificultaba la incidencia concreta en la delineación de políticas económicas a nivel nacional.  De esta manera, la región aparece en el enunciado no sólo en su proyección económica (en tanto zona productora de azúcar), sino como una herramienta política que permitiría morigerar las diferencias existentes con la pampa húmeda. En este sentido, la redefinición del ámbito regional también incorpora una dimensión política que se hallaba ausente durante los años del cambio de siglo. “(…) El Norte era una expresión geográfica y económica perfectamente diferenciada (y abandonada por el gobierno federal) dentro de la republica. Hoy es también una expresión política (…) nace de la necesidad de defender su propia vida y sus garantías de desenvolvimiento futuro contra la ignorancia y el despotismo de un hombre a quien se le vino encima el gobierno nacional y no atina a manejarlo sino con un criterio de usufructo testamentario irresponsable”. [34]

Al verse deteriorado su poder de negociación ante las agencias estatales, los empresarios azucareros (sin descuidar la actividad parlamentaria) ensayaron nuevas estrategias de acción. Por un lado, en lo que respecta específicamente a la actividad azucarera, se procedió a la creación de comisiones regionales con el objetivo de atender problemas específicos de las distintas provincias azucareras. De esta manera, se buscaba impulsar la actividad corporativa de los industriales, pero descentralizando las instancias de toma de decisión, ya que cada comisión tenía poder resolutivo en el ámbito local.[35] Por otro lado, se intentó contrarrestar “el desamparo político del Norte” a través de “… la reunión de fuerzas regionales que manifestaran su posición y sus programas frente a una política nacional que las rezagaba”.[36] Esta concertación regional cobró forma a través de las denominadas Conferencias de Gobernadores de 1926 y 1927.

A modo de balance, podemos afirmar que la política azucarera de Yrigoyen fue percibida como un ataque directo a la actividad, en tanto contemplaba las necesidades de los consumidores del Litoral en detrimento de los intereses de los productores del interior. En este sentido, la estrategia de defensa del grupo azucarero fue la de enmarcar el conflicto en clave interregional. Asimismo, la ley de expropiación de 1920 implicó un punto de inflexión, en tanto el discurso azucarero dejó de recalcar en esta coyuntura el sentido nacional de la industria azucarera y se impuso el concepto de defensa regional. Sin embargo, el ámbito regional aparecía reformulado, puesto que se abandonó la concepción de la región como una porción territorial coordinada por un epicentro y articulada por un grupo de centros menores jerárquicamente funcionales. A partir de entonces la región azucarera aparece como un todo homogéneo cuyo motor, la industria azucarera, era el factor cohesionador, diluyéndose, de esta manera, las diferencias entre provincias productoras y proveedoras, y dando paso a la concepción del Norte argentino como toda una zona de producción azucarera. Esta nueva conceptualización de la región no sólo puede ser entendida como un cambio de estrategia discursiva, sino también como un reflejo del aumento del parque productor salto-jujeño en la participación total de la producción nacional, el que se acentuará en décadas posteriores.

 

Cuadro Nº 4: Participación de los diferentes núcleos productivos en la producción nacional de azúcar (1894-1923)

Años

1894

1923

Núcleos Productivos

Nº Ingenios

Producción de Azúcar (en Toneladas)

%

Nº Ingenios

Producción de Azúcar (en Toneladas)

%

Tucumán

24

59903

86,8

27

201633

78,2

Salta y Jujuy

3

4848

7,1

5

50122

19,5

Otras Provincias y Territorios

9

4241

6,1

4

5959

2,3

Total

36

68992

100

36

257714

100

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de 1895, 3 Vols., Bs. As. Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1899; Anuarios Estadísticos de la Provincia de Tucumán, correspondiente al año 1923, Edición Oficial, Tucumán, 1926; La Industria Azucarera, Centro Azucarero Argentino, 1935.

 

BREVES CONSIDERACIONES FINALES

 

            De lo expuesto se desprende que la coyuntura de 1894 y las críticas hacia el proteccionismo azucarero dieron lugar a la formulación de un discurso que intentó sistemáticamente demostrar que la industria azucarera no era sólo tucumana. En este sentido, se remarcaron las estrechas vinculaciones financieras con el Litoral, como también el rol modernizador y civilizador que la actividad cumplía en una vasta región del país. De esta manera, se buscaba exaltar el carácter nacional de la agroindustria, apoyándose en sus proyecciones regionales. Se puede observar, entonces, que durante este primer período no existe una contradicción entre el carácter nacional que se le quería otorgar a la actividad con el alcance regional que ésta poseía. Por lo tanto, se recurría a la apelación de lo nacional y de lo regional en oposición a lo provincial; es decir, se pretendía superar los marcos provinciales mostrando una actividad dinamizadora, tanto de las provincias vecinas como del Litoral, pero con su indiscutido centro productor en Tucumán.

            Esta línea argumentativa no sufrió modificaciones sustanciales, aún cuando la coyuntura y los críticos habían cambiado. Esto quedó reflejado en los distintos debates en la Cámara de Diputados, en donde los socialistas presentaron diversos proyectos que tenían por objetivo último abaratar el precio del azúcar. En diversas ocasiones se evidenció que la bancada socialista consideraba a la actividad como una industria “artificial”, monopólica y en manos de la “oligarquía tucumana”. Ante estos cuestionamientos, una vez más la defensa del grupo azucarero intentó mostrar los alcances extraprovinciales de la actividad.

            Con el desequilibrio político interregional que supuso la aprobación del Censo de 1914 y la ofensiva yrigoyenista, el discurso azucarero cambió de tónica refugiándose en una concepción netamente regional de la agroindustria. De esta manera, se mostró a la actividad como la impulsora del crecimiento económico de una vasta porción del país, desdibujándose la imagen del epicentro tucumano e integrando a las demás provincias, ya no en calidad de subordinadas al centro productor, sino como componentes de una región homogénea, motorizada por la actividad.

Esta estrategia de apelación a lo regional puede ser entendida como un síntoma del debilitamiento político de las provincias del interior y del desgaste del grupo azucarero. Para contrarrestar esta situación, se intentó lograr la conformación de un bloque regional como una forma de reubicarse en este nuevo esquema de fuerzas que implicó la llegada del radicalismo al poder, materializada en las denominadas Conferencias de Gobernadores de 1926 y 1927.

            De esta manera podemos señalar que el cambio en el discurso de defensa de la industria reflejaba no sólo distintas estrategias utilizadas por el grupo azucarero para asegurar la protección a la actividad, sino también el grado de autonomía que habían alcanzado los poderes nacionales respecto a las élites regionales, en tanto no resultaban imprescindibles para lograr el control del Estado.

 

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[1] Una versión preliminar fue presentada en las Jornadas Internacionales de Historiografía Regional, Resistencia, Chaco, (Argentina), 9 y 10 de noviembre de 2006.

[2] En este aspecto seguimos a Mario Lattuada, quien sostiene que “… la percepción de amenaza corresponde a una construcción simbólica que no necesariamente corresponde a cuestiones objetivas, pero que define conductas asociativas y de acción colectiva, que una vez establecidas, pueden permanecer por largo tiempo”. Véase Mario Lattuada, Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX, (Buenos Aires, UNQ Editorial, 2006), 19.  Sobre los orígenes del Centro Azucarero argentino y su funcionamiento hasta 1905 véase María Lenis, Industriales azucareros y política: el Centro Azucarero Argentino, 1894-1905. Tesina de Licenciatura inédita, (Tucumán, UNT, 2003).

Para un análisis sobre el despegue y funcionamiento de la industria azucarera véase Donna Guy, Política Azucarera Argentina: Tucumán y la generación del 80, (Tucumán, Ediciones Fundación Banco Comercial del Norte, 1981); José Antonio Sánchez Román, La Dulce Crisis. Estado, Empresarios e Industria Azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914), (Sevilla, Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Diputación de Sevilla, 2005). Para una aproximación a la producción historiográfica sobre la temática consultar Daniel Campi y María Celia Bravo, “La agroindustria azucarera argentina. Resumen historiográfico y Fuentes”, América Latina en la Historia Económica. Boletín de Fuentes, Nº 11, (México, 1999).

[3] Junto con el ministro de Hacienda también concurrieron los SENADORES: Eugenio Tello y Antonio del Pino; DIPUTADOS: Ernesto Claros, Sergio P. Alvarado, G. Amuchástegui, Juan R. Pintos, Adolfo Ruiz, Francisco Quesada, Facundo F. Grané, Luis García, Delfín Pacheco, Rodríguez Jurado, Dalmiro Balaguer y Dr. Eliseo Cantón; SUBSECRETARIO DE MINISTRO DEL INTERIOR: Rafael Castillo; MINISTRO URUGUAYO: Dr. Ernesto Frías; PRESIDENTE DEL BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN: Dr. Basavillaso; DIRECTOR DEL BANCO DE LA NACION Dr. Baldomero Llerena; DIRECTORES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL: Sres. Alberto Mayol e Ignacio Sánchez; ADMINISTRADOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS: Dr. Osvaldo Piñero Pillado; DIRECTOR DEL DEPTO DE AGRICULTURA DE MONTEVIDEO: Diego Pons; GERENTE DEL BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN: Ricardo R.; DIRECTOR DEL BUENOS AIRES HANDELSZEITUNG: Enrique Kohn; PERIODISTAS: Limas Helguera de “La Prensa” y Agustín Cavaría de “La Nación; el Director de “Tribuna” Don Mariano De Vedra; SECRETARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: Sr. Juan Ovando; REPRESENTANTE DE LA CASA BARING: Essex E. Reede;, EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA: Carlos A. Bunge; GERENTE DEL BANCO ALEMAN TRASATLÁNTICO: Sr. Fredersking y su hijo; Sr Manuel J. Paz y Félix Goyoaga. Véase Libro de Actas de la Comisión Directiva del Centro Azucarero Argentino, TI, 1894-1926.

[4] Revista Azucarera, Nº 4, agosto 1894, pp. 158-159.

[5] Revista Azucarera, Nº 34, febrero de 1897. p. 1640.

[6] El Orden, 2-7-1894. Sobre la cuestión del proteccionismo azucarero, véase Roberto Pucci, “Azúcar y proteccionismos en la Argentina, 1870-1920. Un conflicto entre la burguesía mediterránea y el litoral exportador”, en Daniel Campi (Comp.), Estudios sobre la Historia de la industria azucarera argentina, TII, (Tucumán, UNT/UNJu., 1993).

[7] Revista Azucarera, Nº 8, diciembre, 1894. p. 366.

[8] La agroindustria tucumana se desarrolló en una zona templada de características no del todo propicias para el cultivo de una gramínea de clima tropical por antonomasia. De este modo, la producción total de azúcar estaba estrechamente ligada a la intensidad de los fríos invernales, lo que muchas veces obligaba a acelerar la cosecha para perder la menor cantidad posible de caña. Como afirmaba Pierre Denis, refiriéndose a la industria tucumana “… la irregularidad de su producción [se explica] por las condiciones físicas particulares en las cuales surgió la industria azucarera de la provincia, en el límite mismo de la zona apta para el cultivo de la caña de azúcar…”. De esta manera, el parque azucarero tucumano estaba altamente supeditado a las variaciones climáticas, produciendo cosechas abundantes para años de buen clima y crisis de subproducción para años de intensas heladas. Este factor climático no afectó al parque productor salto-jujeño por encontrarse en una zona tropical, propicia para la actividad. Véase Pierre Denis, “Tucumán y el azúcar” en Daniel Campi (Comp.), Estudios sobre la Historia de la Industria Azucarera, T II, (Tucumán, UNT/UNJu, 1993) 29.

[9] La cosecha de 1895 sólo en Tucumán fue de 109.253 toneladas, mientras que la producción total de azúcar del país fue de 130.000 toneladas. En el mercado interno se consumían 75.000 toneladas aproximadamente. Por lo tanto, la cosecha del año siguiente se inició con un excedente de 55.000 toneladas. Para agravar aún más esta situación, la producción del año 1896 fue de 163.000 toneladas. De este modo, el total de azúcar disponible era de 218.000 toneladas, mientras que internamente sólo se consumía aproximadamente 79.000 toneladas. El excedente de producción fue de 139.000 toneladas, lo que produciría el descenso del precio del artículo.

[10] Esta ley establecía que todos los azúcares que se produjeran en el país o se importasen hasta el 31 de diciembre pagarían un impuesto interno de 6 centavos por kilo; que a cambio del referido impuesto el PEN entregaría un certificado (drawback) que daría derecho al tenedor para exportar una cantidad igual al 35% del azúcar sobre el cual se hubiera pagado impuesto y recibir en devolución 12 centavos por kilo de azúcar exportado; que los azucares de fabricación nacional existentes a la promulgación de esta ley pagarían un impuesto interno de 1 centavo por kilo, y serían devueltos 4 centavos por cada kilo que exportase, siempre que la cantidad exportada no excediese el 25% de la existencia sobre la cual hubiese pagado el impuesto; que toda vez que el precio corriente de venta por mayor del azúcar exceda de $4 los 10 kilos, puesto sobre vagón en los ingenios productores (incluso el impuesto pagado), el PEN suspendería la entrega de los certificados que daban derecho a la exportación. Mientras se gestionaba la sanción de la ley de primas, los industriales trataron de encontrar los medios de mitigar los efectos de la crisis. A comienzos de 1896, se comenzaron a hacer las gestiones necesarias para la formación de la Unión Azucarera Argentina, sindicato de fabricantes que buscaba controlar el precio del azúcar mediante la centralización de las ventas del dulce.

[11] Revista Azucarera, Nº 33, enero de 1897. pp. 1623-1624.

[12] Ibidem. p. 1638.

[13] En algunas ocasiones se habló de la “región azucarera de Tucumán”, en otras “la región de Salta y Jujuy”. En menos oportunidades se mencionó a la “región del norte”, incorporando los territorios nacionales de Formosa y Chaco, e incluso a la provincia de Corrientes.

[14] Las denominadas “Leyes Machete” fijaban un límite a la producción de azúcar de la provincia: 71.500 toneladas. Sobre esta cantidad se pagaría un impuesto de medio centavo por kilo que sería prorrateado entre las distintas fábricas. Toda la producción que excediera dicha cantidad pagaría un impuesto de 40 centavos por kilo de azúcar exportado al extranjero en razón de 39 ½ centavos si la exportación se hacía con prima y 40 centavos si se efectuaba sin ella. El producto de lo recaudado se utilizaría para indemnizar a los plantadores que quedaran con la caña en pie y quisieran acogerse a los beneficios de la ley, con la obligación de destruir sus plantaciones o destinar la materia prima a otras aplicaciones que no fueran el azúcar o el alcohol. La indemnización de la materia prima estaría en manos de una Comisión Clasificadora, que debía pagar como máximo para las plantaciones de primera clase $150 m/n por hectárea. Para un análisis completo sobre la temática, véase: María Celia Bravo, “Las leyes machete y la ruptura del frente azucarero”, en Daniel Campi (Comp.), Estudios sobre la historia de la Industria Azucarera T.I., (Tucumán, UNT/UNJu, 1993).

[15] La ley fijaba la reducción progresiva de la protección aduanera hasta el año 1921 en el que el azúcar refinado pagaría 7 centavos y 5 centavos el no refinado. Al mismo tiempo, establecía que los azúcares que se importaran y que gozaran en el país de origen de primas, ya sea directa o indirecta, serían recargados con un derecho adicional equivalente al importe de las primas concedidas. Por otra parte, autorizaba al PEN a rebajar los derechos aduaneros vigentes toda vez que el precio de venta al por mayor de azúcar en bolsas de las refinerías nacionales excediera los $4, 10 los 10 Kg. en plaza de Buenos Aires. De esta manera, se buscaba completar la provisión del consumo interno, hasta llegar a la próxima cosecha. Esta facultad conferida al PEN cesaría cuando el impuesto llegara al límite de 7 centavos.

[16] Revista Azucarera, Nº 110, febrero 1912. p. 40.

[17] La denominada “plaga del mosaico” tuvo lugar en la provincia en los años 1916-1917 debido a la degeneración de la caña criolla, variedad cultivada extensivamente hasta entonces en Tucumán. El virus atacó a las variedades “morada” y “rayada”, únicas plantadas con fines industriales, provocando el brote de plantas raquíticas, reduciendo el rendimiento cultural en altísimos niveles y, por ende, la riqueza sacarina de la caña. Esta plaga cambió el panorama de la industria azucarera ya que la producción se contrajo un 58%. La escasez mundial de azúcar, debido a la guerra, había provocado la suba del precio del producto y ahora la crisis de la agroindustria nacional alimentaba esa tendencia. Para análisis sobre el impacto del mosaico en el parque productivo tucumano véase Daniel Moyano, Unidades productivas industriales en el complejo azucarero tucumano, 1895-1930, Tesis de Licenciatura inédita, (Tucumán, UNT, 2006).

[18] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1913, Tomo 2, Sesiones Ordinarias, Buenos Aires, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía., 1913, p. 961.

[19] Revista Azucarera Nº 170, febrero de 1917. pp. 65-66.

[20] Revista Azucarera Nº 129. septiembre 1913. p. 191.

[21] La reforma electoral y, posteriormente, el censo de 1914, alterarían el “equilibrio” existente en el Congreso Nacional. El apoyo de las élites del interior ya no era vital para lograr el control del Estado, en tanto con la nueva conformación del Congreso, Santa Fe, Buenos Aires y la Capital Federal duplicaron el número de representantes. En este sentido, la autonomía de los poderes públicos nacionales, restaba margen de acción a los azucareros, que no podían utilizar los canales informales que habían usado en el pasado para lograr una legislación aduanera favorable a sus intereses. Véase Jorge Balán, “Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y mercado nacional en el desarrollo agroexportador”. Desarrollo Económico, Vol. 18, Nº 69, (Buenos Aires, 1978); .María Silvia Fleitas, “Posturas de los sectores dirigentes del NOA ante la cuestión del desequilibrio regional’ en la Argentina. Consideración de los aspectos económicos y políticos durante el período 1912-1930” en Marcelo Lagos (Coor.), Jujuy en la historia. Avances de Investigación II, (San Salvador de Jujuy, Unidad de Investigación en Historia Regional, UNJu, 1995).

[22] Revista Azucarera, Nº 174, junio de 1917.

[23] Ibidem.

[24] Para una lectura completa sobre la política yrigoyenista en materia azucarera, véase María Celia Bravo, Sector cañero y política en Tucumán, 1870-1930. Tesis Doctoral inédita. (Tucumán, UNT, 2001); María Lenis, “El proteccionismo en retirada. Las dificultades del CAA (1912-1923)”, en Actas de las XX Jornadas de Historia Económica. (Mar del Plata, UNMP, 2006).

[25] Revista Azucarera, Nº 193, enero de 1919.

[26] El Orden, 23-2-1920.

[27] Véase: Revista Azucarera Nº 211, 212 y 213, año 1920.

[28] El Orden, 11-8-1920. Para una primera aproximación sobre la postura de Yrigoyen ante la cuestión azucarera se puede consultar la obra de David Rock, El Radicalismo Argentino, 1890-1930., (Buenos Aires, Amorrortu editores, 1997).

[29] Revista Azucarera Nº 213, septiembre de 1920. Pág. 314.

[30] Jorge Balán: Op. cit., pp. 83-84.

[31] El Orden, 6-9-1920.

[32] Ibidem.

[33] Ibidem.

[34] El Orden, 14-10-1920. Si bien es cierto, que el discurso azucarero también incorporó elementos que hacían referencia al federalismo y a la “distorsión” de intereses que la aprobación de la Ley Sáenz Peña introdujo en el funcionamiento de la política de partidos en la Argentina, los mismos no serán considerados en el presente artículo en tanto nuestra preocupación central es señalar las reformulaciones que sufrió el concepto de región a lo largo del período estudiado, como así también destacar las estrategias discursivas de los empresarios para lograr la defensa de la actividad. Sobre el tópico del federalismo puede consultarse, María Silvia Fleitas, “El pensamiento económico y social de la elite azucarera  del noroeste argentino, 1912-1930” en Revista Latina. Vol 1 Nº 3, (Buenos Aires, 2003).

[35] La reforma estatutaria del CAA de 1923 contemplaba la creación de tres Comisiones Regionales encargadas de atender los asuntos locales relacionados con la actividad (una en la provincia de Tucumán, otra en Salta y Jujuy y una última en Chaco, Formosa y Corrientes), en tanto el Centro Azucarero Nacional se reservaba las gestiones ante los poderes públicos nacionales. Véase Estatutos de Centro Azucarero Argentino, 1923.

[36] María Silvia Fleitas, Op. cit. p. 184; Para una lectura completa sobre las Conferencias de Gobernadores véase Noemí Girbal Blacha, “Azúcar, Poder político y propuestas de concertación para el noroeste argentino en los años ’20. Las Conferencias de Gobernadores de 1926-1927” Desarrollo Económico, Vol. 34, Nº 133, (Buenos Aires, 1994).

 

 

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